Entre las 7:00 y las 9:00 de este miércoles, los asistentes fiscales de las distintas unidades de la Fiscalía tanto de Asunción como del departamento Central, se manifestaron frente a la Sede 1 de la institución, situada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción entre Víctor Haedo y Humaitá.
Igualmente, funcionarios fiscales de esta categoría de otras zonas del país se movilizaron en sus respectivas sedes.
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La manifestación de los asistentes fiscales es como exigencia al cumplimiento del artículo 60 de la Ley N° 1562/2000 Orgánica del Ministerio Público, que establece que los funcionarios de esta categoría deben percibir el 60% del salario del agente fiscal y el cual, hasta hoy día no tiene cumplimiento según denuncian.
El descontento del gremio de asistentes fiscales tiene origen en una deuda de al menos G. 16.000 millones, que debieron pagarse como efecto del ajuste por ley en el 2025. Actualmente, los asistentes fiscales perciben una remuneración de G. 7.025.477 mensuales, sin los incrementos previstos por la ley.
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Paciencia al límite, advirtieron asistentes fiscales
El escrito que había sido difundido por el Sindicato de Asistentes Fiscales, señalaba que son 1.780 asistentes fiscales de todo el país a quienes se les debe un total de G. 16.000 millones.
“Este incumplimiento no solo configura una violación directa a derechos laborales ya adquiridos, sino que constituye un agravio institucional hacia los funcionarios”, decía el comunicado.
En otro párrafo del escrito, el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público del Paraguay subrayó que “resulta intolerable que, mientras se anuncian reajustes salariales en otros sectores, los asistentes fiscales sigan siendo relegados, soportando años de estancamiento salarial, precariedad en los insumos de trabajo y una progresiva desvalorización de su función”.
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“Alerta máxima” en la Fiscalía
Ante esta situación es que advierte el sindicato que “la paciencia del sector ha llegado a su límite” y por lo tanto “exigimos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía el cumplimiento inmediato de la ley y el pago urgente de la totalidad de la deuda pendiente, sin más excusas ni postergaciones”.
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Es así que, desde ese 12 de abril, el gremio ya advirtió que de no revertirse la situación, “los 1.780 Asistentes Fiscales de todo el país deberán permanecer en estado de alerta máxima, ante cualquier convocatoria a asamblea extraordinaria, en la cual se definirán las medidas gremiales, administrativas y legales a adoptar para hacer efectiva la normativa”.