A finales del 2025, con la promulgación de la ley, el nombre de María Fernanda Benítez dejó de ser el de una adolescente víctima para convertirse en el símbolo de una de las deudas más profundas del sistema de protección paraguayo. Tenía 17 años y estaba embarazada de unos cuatro meses cuando su cuerpo fue hallado calcinado en Coronel Oviedo, tras días de una búsqueda institucional que, según admitieron referentes sociales en su momento, falló en activar alarmas tempranas.
Hoy, la Ley N° 7605/25 “MAFE” ya es un protocolo operativo real. Su implementación no solo introdujo en el país un mecanismo de difusión masiva similar a la alerta Amber de los Estados Unidos, sino que sacó a la luz una cruda realidad invisibilizada.
En entrevista con ABC Cardinal, el oficial Ramón Vera, jefe del Departamento de Búsqueda y Localización y encargado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renaped), reveló que en lo que va de este año ya se han recepcionado 1.039 denuncias de desaparición. De este universo, 772 personas ya fueron localizadas, pero 248 paraguayos continúan siendo buscados activamente.
El desglose de la estadística
De las 248 personas que aún tienen paradero desconocido, la Policía Nacional divide el impacto por franjas etarias, evidenciando que los menores son un sector altamente vulnerable:
- Adultos (18 a 59 años): 154 casos en proceso
- Adolescentes (14 a 17 años): 78 casos en proceso
- Niños (0 a 13 años): 16 casos en proceso
Al ser consultado sobre el contexto de estas ausencias, el oficial Vera aclaró que los motivos varían drásticamente según la edad. En el caso de los niños de la primera infancia, donde hay registros de bebés de incluso un año de edad, el trasfondo casi nunca responde a un extravío fortuito.
“Normalmente el contexto son problemas entre el padre y la madre por el régimen de convivencia o disputas por prestación alimentaria. Uno de ellos pierde el contacto, se judicializa el caso y los abogados, por miedo, no revelan el paradero. No están perdidos, están con paradero desconocido, pero incomunicados”, explicó el jefe policial.
Sin embargo, el panorama cambia al hablar de adolescentes. El oficial Vera vinculó la desaparición de mujeres menores de edad a problemas de falta de contención en hogares disfuncionales, donde el descuido de los padres empuja a las jóvenes a buscar refugio en redes sociales, quedando expuestas a redes de trata o abusadores. De hecho, estimó que cerca de un 20% de los casos de menores rescatados revelan indicios de abuso o explotación sexual. En contrapartida, en el caso de los varones adolescentes, la causa principal que los desconecta de sus familias es el creciente flagelo de la adicción a las drogas.
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Denuncias por desaparición deben ser inmediatas
El mayor cambio cultural y procedimental que trajo la Ley MAFE es la erradicación del histórico tabú burocrático de que los familiares debían esperar un plazo de 24, 48 o 72 horas para que la Policía aceptara la denuncia.
“No se espera ningún segundo más. Directamente, desde el primer momento que exista una preocupación, se debe realizar la denuncia”, enfatizó el oficial.
A esto se suma la vigencia de la Circular 115 de la Subcomandancia de la Policía Nacional, la cual ratifica la resolución que obliga a todas las comisarías de la República a tomar la denuncia de forma inmediata, eliminando la traba de que el trámite debía hacerse obligatoriamente en la comisaría jurisdiccional de la zona de desaparición. “La comisaría más cercana ya es suficiente”, aseveró Vera.
Una vez asentado el acta con los datos físicos, el número celular de la persona y los datos del denunciante, la información se sube al sistema informático Quantum. A partir de ahí, se elabora el flyer de búsqueda que se viraliza de inmediato en las cuentas de Facebook e Instagram del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.
Estructura en crecimiento y ayuda ciudadana
El impacto de la ley también forzó el crecimiento operativo del departamento de Búsqueda y Localización, que pasó de contar con menos de cinco agentes a tener hoy un equipo de 30 investigadores capacitados. Este grupo lidera una Mesa Interinstitucional coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda (Conade), donde se articulan esfuerzos con el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía y la Conatel, esta última clave para agilizar la geolocalización por triangulación de antenas y el análisis de las bandejas de llamadas de los desaparecidos.
Asimismo, Vera destacó el trabajo estrecho con organizaciones como TEA Paraguay. Cuando se reporta la desaparición de niños o adultos mayores con Trastorno del Espectro Autista, Síndrome de Down o enfermedades de salud mental como Alzheimer o depresión, el caso se categoriza como de máxima prioridad, desplegándose de inmediato drones y la unidad de canes para el rastreo perimetral.
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Para canalizar la información de la ciudadanía, que según el oficial ha sido el pilar para resolver la mayoría de los casos exitosos, se encuentra habilitada las 24 horas la línea de WhatsApp 0986 760-083. El jefe recalcó que las colaboraciones son estrictamente anónimas: “Nadie va a exponer su identidad ni su número. Los datos del denunciante y del informante se protegen de forma confidencial para evitar que las familias sufran llamadas extorsivas o estafas”.
Finalmente, el jefe policial remarcó que, si bien la Ley MAFE trajo herramientas jurídicas fundamentales y devolvió la confianza ciudadana para denunciar, el departamento aún enfrenta el enorme desafío de conseguir más recursos presupuestarios y consolidar un equipo propio de contención psicológica, una pieza que considera indispensable para acompañar la angustia de las familias durante las horas más críticas de la búsqueda.
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