Un nuevo e insólito capítulo se suma al escándalo de la denominada “mafia de los pagarés”. Carmen Analía Cibils Miñarro, una de las principales juezas de Paz procesadas, acusada por el Ministerio Público y suspendida en sus funciones, se convirtió en el centro de críticas tras comenzar a promocionarse activamente en redes sociales como “asesora legal” para prevenir demandas abusivas vinculadas, irónicamente, a pagarés y contratos.
Bajo frases como “Evitá ser demandado por desconocimiento. Pagarés. Contratos” o “conocer tus derechos es lo que te va a permitir defenderte”, la magistrada cuyo caso principal ya fue elevado a juicio oral y público, busca posicionarse en un rol educativo y de contención.
En comunicación con ABC, Diana Vargas, asesora de la Comisión Especial de Investigación de la “Mafia de los Pagarés” del Senado, analizó la polémica y cuestionó tanto la legalidad como la carga simbólica de este accionar.
Vargas considera que las frases de “salvación” expuestas por Cibils se contraponen drásticamente con la realidad documental de su gestión en el Juzgado de Paz de La Encarnación, señalado como el epicentro geográfico del esquema delictivo.
“Cuanto menos resulta llamativo que una jueza, todavía en funciones si bien suspendida, hoy día ofrezca otro tipo de servicios que no tengan que ver propiamente con su labor jurisdiccional. Hay una prohibición legal”, advirtió.
Más allá de los términos formales, la asesora legislativa enfatizó el impacto estadístico recabado en las auditorías del Poder Judicial: “El ingreso por año de cantidad de expedientes en el Juzgado de La Encarnación rondaba los 35.000, mientras que en otros juzgados aledaños (como La Catedral o San Roque) tenían treinta veces menos ingresos. Ese solo ya es un indicio de que era un juzgado donde ‘daba más gusto’ litigar”.
Vargas fue tajante respecto a la imposibilidad material de tramitar ese volumen de manera legal: “Los números dan cuenta de que ni si la jueza tuviera cincuenta manos iba a poder firmar todas las providencias y resoluciones que firmó a lo largo de estos años. Mirando solamente datos estadísticos, ya es grosero el funcionamiento de ese juzgado”.
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El “ego” y el desprecio a las víctimas
Según las investigaciones fiscales, la estructura criminal operaba falsificando firmas o adulterando pagarés de montos ínfimos para luego promover juicios ejecutivos masivos. Los ujieres notificadores simulaban los trámites informando domicilios falsos. De este modo, las víctimas nunca se enteraban de la demanda, perdían su derecho a la defensa y sufrían embargos fulminantes en sus salarios o cuentas bancarias.
Por ello, el discurso de Cibils instando a “conocer los derechos para defenderse” es visto como una burla directa a los afectados.
“El hecho de conocer derechos no le sirvió de nada a quienes les tocó ser demandados en ese juzgado (...) Quien debe garantizar tu derecho es el juez que tiene que estar alerta al cumplimiento de las garantías, que no fue precisamente lo que hizo desde ese juzgado. Hay una serie de incoherencias de lo que no ocurrió mientras ella estaba en funciones” dijo la entrevistada.
Al ser consultada sobre cómo impacta esta exposición mediática en los afectados, Vargas señaló: “Conversamos nosotros con las víctimas y lo sienten como un agravio. Finalmente, lo que muestra es que o tiene un ego muy grande o tiene demasiado respaldo como para desafiar de este modo al sistema y a las víctimas, que es a quienes debemos respetar y reparar”.
El escenario judicial
A pesar del despliegue en redes, el frente judicial de Carmen Analía Cibils Miñarro es sumamente complejo. La causa principal en su contra por presunta asociación criminal, prevaricato y producción de documentos no auténticos ya fue elevada a juicio oral tras la acusación de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
A esto se le suman recientes reveses: hace pocas semanas, el Ministerio Público formuló nuevas imputaciones en su contra en causas conexas por tramitar juicios ejecutivos fraudulentos donde constaban órdenes de notificación ordinaria con domicilios fijados falsamente (incluso en territorio argentino) convalidados de forma presuntamente delictiva. Paralelamente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dispuso su desafuero y enjuiciamiento en nuevos expedientes, ratificando el pedido de suspensión ante la Corte Suprema de Justicia.
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