Durante la sesión de este miércoles, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analizó la crítica situación en que están los ascensores en el Hospital Central, calificando la falta de funcionalidad como un grave perjuicio, tanto para la institución como para los asegurados.
Ante la prolongada inoperatividad de los equipos, el Consejo decidió ayer intervenir para determinar las responsabilidades administrativas y legales. El diagnóstico del daño acumulado fue tajante por parte de las autoridades presentes: “Este es el ejemplo del daño que se hace al asegurado y que esta administración carga. Es una situación que no debería volver a pasar nunca más”, señaló Isaías Fretes, presidente del IPS.
Durante la sesión no se mencionó cuántos ascensores están actualmente inoperativos, pero hasta el mes pasado, solo 14 elevadores funcionaban, de los 20 que tiene el Hospital Central.
IPS anunció acciones legales y auditoría
Con el objetivo de evitar mayores dilaciones burocráticas, el Consejo instruyó un trabajo paralelo entre la Dirección de Auditoría Interna y la Asesoría Jurídica. Fretes detalló que la finalidad es analizar si corresponde la rescisión contractual con la empresa proveedora, fundamentando la decisión en los informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Sobre los problemas de operatividad, los miembros del Consejo hicieron referencia a la empresa Renfe S.A., cuyo representante es Santiago González. Al discutir los riesgos de retrasos en el proceso administrativo, se mencionó que la empresa podría interponer recursos ante la DNCP en caso de que el IPS avanzara con una rescisión contractual, razón por la cual el Consejo enfatizó la necesidad de blindar legal y técnicamente el proceso basándose en los antecedentes y resoluciones previas.
Sobre la urgencia de hallar responsables, el presidente del Consejo fue enfático al sostener: “Yo creo que es de fundamental importancia que determine nuestra asesoría legal y la auditoría. Y ahí nosotros determinamos si esto tiene que llegar a salpicarle a alguien”.
Impacto en el día a día
Durante la sesión, se consultó sobre los plazos para normalizar el servicio. Se informó que un nuevo proceso licitatorio tomaría aproximadamente tres meses, un tiempo que las autoridades calificaron como una carga pesada para quienes deben moverse dentro del hospital.
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Los consejeros acordaron que la Asesoría Jurídica deberá analizar los antecedentes para evitar que futuros recursos administrativos interpuestos por la empresa contratista retrasen nuevamente la solución. “Yo creo que eso va a hacer que se tome con mayor seriedad a esta institución. El daño que se está haciendo no solo es a la institución, sino también a los asegurados”, dijo Fretes.