Mirtha Fernández (PLRA), jefa comunal de Valenzuela, Cordillera, investigada por el Ministerio Público por un caso de lesión de confianza durante su gestión y en pleno juicio oral y público en el marco de otra denuncia, es ahora candidata a concejal. A pesar de sus negros antecedentes, fue la más votada en las elecciones internas liberales del 7 de junio para integrar el órgano deliberativo.
Fernández está al frente de la administración municipal desde diciembre de 2010 y no buscó la reelección solamente porque la ley electoral vigente no lo permite.
Investigación fiscal: presunto daño cercano a G. 300 millones
Según la investigación del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial en la Municipalidad de Valenzuela rondaría los G. 300 millones, producto de desembolsos realizados con recursos del Fonacide por obras que, de acuerdo con las sospechas fiscales, no habrían sido ejecutadas.
La pesquisa señala que, para justificar dichos pagos, se habrían presentado documentos de contenido presuntamente falsos ante los organismos de control.
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Obras que ya existían y otras “fantasmas”
Uno de los hechos más llamativos investigados corresponde a un contrato entre la Municipalidad de Valenzuela y la firma La Constructora OR, representada por el ingeniero Óscar Rodas, para la construcción de un empedrado en la compañía Juan Cancio Flecha, en el acceso a la Escuela Básica N° 2246 Santa Catalina.
Sin embargo, verificaciones realizadas por el Ministerio Público en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que la obra ya habría sido ejecutada en los años 2012 y 2013, lo que abre la sospecha de una posible simulación de trabajos. Este hecho habría generado un perjuicio estimado de G. 174.931.000.
Ripio pagado, pero sin obras visibles
Otro punto bajo investigación corresponde a la compra de cargas de ripio para caminos vecinales en la compañía Cerro Corá Cañada. El contrato por G. 124.300.000 fue adjudicado a la empresa Proyectos y Construcciones, representada por María Liz Fleitas.
Los investigadores argumentan que existen indicios de que las obras no habrían sido ejecutadas y que la documentación utilizada para justificar el desembolso correspondería a trabajos distintos a los efectivamente adjudicados, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso.
Las pericias técnicas en curso buscan determinar el estado real de las obras y consolidar las pruebas dentro de la causa, según el Ministerio Público.
Mirtha Fernández enfrenta un juicio por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de G. 1.199 millones durante su gestión en 2019, además de una imputación por un caso de G. 300 millones correspondiente al año 2022.
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