Las juezas Yolanda Morel (presidenta del tribunal), Karina Cáceres y Ana Rodríguez Brozón dieron por probado, en forma unánime, que entre la entonces fiscala Ana Girala y sus funcionarias Griselda Beatriz Acha y Christi Magalí Ortega existía un acuerdo para obtener beneficios económicos, dinero u otros bienes, a cambio de actuaciones funcionales propias del Ministerio Público.
Los hechos probados en juicio por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera y Verónica Valdez, fueron cometidos entre setiembre de 2022 y febrero del año 2023; en consecuencia el Tribunal de Sentencia Especializado condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de cárcel por prevaricato, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión acabada y extorsión en grado de tentativa, todos en calidad de autora.
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Por su parte la ex secretaria de la Unidad Fiscal Penal N° 1 de San Lorenzo, Griselda Beatriz Acha, fue condenada a 6 años y seis meses de pena privativa de libertad; y la ex asistente en dicha unidad fiscal, Christi Magalí Ortega, recibió una pena de 3 años y seis meses. Ambas colaboraron activamente con Girala en el esquema criminal.
La nómina de sentenciados finaliza con los abogados Liz Elena Martínez Robles, quien recibió una pena a 3 años y seis meses de prisión por tráfico de influencias y complicidad en el cohecho pasivo agravado y la tentativa de extorsión; y Marcos Aurelio Velazco Mendoza, condenado a 2 años y seis meses por soborno agravado y complicidad en el cohecho pasivo agravado.
La única absuelta de culpa y reproche en la causa es la Abg. Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, ya que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos concluyó que existe duda razonable sobre su participación en el esquema de extorsión y coima.
Ana Girala vendía imputaciones y absoluciones
De acuerdo con lo que el tribunal tuvo por acreditado, desde setiembre de 2022 hasta febrero de 2023 la entonces fiscal de San Lorenzo Ana Girala se valió de las atribuciones propias de su cargo para solicitar dinero y otros beneficios a cambio de presentar imputaciones, con sus respectivas órdenes de detención y requerimientos de prisión, presentar requerimientos fiscales destinados a favorecer a denunciados o modificar requerimientos formulados como actos conclusivos.
Las juezas resaltaron que incluso, la ahora condenada aprovechó su cargo para realizar actos investigativos o actuaciones propias de la unidad fiscal, tales como la autorización para el retiro de vehículos retenidos y, lo que es más grave aún, proponer la realización de actos de injerencia de los derechos fundamentales del ciudadano, como el allanamiento, a cambio de sumas de dinero.
“Ana Girala vendía actos de servicios propios de la función fiscal, lo cual, en sí mismo, constituye una violación de sus deberes porque sus actuaciones estaban condicionadas a la obtención de beneficios”, puntualizó el colegiado de sentencia durante la argumentación del fallo, que se extendió por casi tres horas entre la tarde y noche de este lunes 6 de julio.
Las magistradas resaltaron que Ana Girala establecía el costo de las actividades funcionales y determinaba la forma de abordar a los usuarios, ya sean estos imputados, abogados, víctimas e incluso familiares de los mismos; y luego vendía los actos de servicio propios de su función como agente del Ministerio Público.
Amenazaban para concretar pagos de coimas
Según la sentencia, para realizar estos hechos de corrupción pública Girala contó con la colaboración de las funcionarias Griselda Beatriz Acha y Christi Magalí Ortega, quienes se encargaban de abordar directamente a las personas que acudían a la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo en busca de una respuesta del Estado.
Sin embargo, los usuarios recibían planteamientos de las funcionarias ahora condenadas, quienes solicitaban dinero u otro beneficio, a cambio de actuaciones fiscales e incluso, recurrían a amenazas si es que los usuarios no cedían a sus exigencias, siempre bajo las instrucciones de la fiscal Ana Girala.
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“Girala recurría a medios coercitivos para lograr que los usuarios cedan a la exigencia de pago, utilizando la amenaza a una imputación o de no volver objetos retenidos, como vehículos automotores, para forzar la entrega de dinero con fines privados, ajenos a los propios del ejercicio legal de la persecución penal pública”, puntualizaron las juezas.
Durante el periodo investigado esta conducta fue reiterada y realizada de manera sistemática, en múltiples causas; lo que permitió acreditar la existencia de un acuerdo previo entre las funcionarias para obtener beneficios indebidos mediante la comercialización de actos propios del Ministerio Público, ya sea a través de su realización, omisión, demora o direccionamiento, según lo resaltado por el tribunal.
Las magistradas añadieron que la entonces agente fiscal utilizaba los actos de persecución penal como mercancía o un elemento de negociación que implica una violación de sus deberes funcionales. Además, Girala se apartaba conscientemente del derecho buscando favorecer a una de las partes, con el fin de obtener ganancias económicas.
¿Cómo funcionaba el esquema extorsivo?
Según lo probado por el Ministerio Público la secretaria fiscal Griselda Acha se comunicaba con la agente Ana Girala para informarle sobre el ingreso de causas o la presencia de usuarios en la unidad fiscal. Seguidamente, le consultaba qué suma de dinero podía requerir a cambio del acto de servicio.
Esto permitió comprobar que entre las funcionarias existía un acuerdo dirigido a la obtención de beneficios económicos indebidos. También se comprobó que los pedidos estaban dirigidos indistintamente, ya sea abogados, personas involucradas directamente en los conflictos penales, víctimas, denunciados, imputados y sus familiares, sobre todos las madres de los mismos, según lo resaltado por el tribunal.
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Sobre el punto las juezas señalaron que en algunos casos las funcionarias recurrían a abogados con quienes mantenían relaciones personales, para solicitar el dinero a cambio de las actuaciones fiscales y procuraban apartar a los abogados de confianza de los usuarios, mediante ofrecimientos que implicaban ventajas que solo podían obtener a través de los profesionales próximos a ellos.
Además, Griselda Acha se encargaba de recibir el dinero u otros beneficios de los usuarios y sus familiares; y luego los distribuía siguiendo las instrucciones de Ana Elizabeth Girala, entre las tres funcionarias.
Abogados actuaban como intermediarios
El Ministerio Público probó en el juicio que los abogados Liz Martínez y Marcos Velazco se ganaron la confianza de la fiscal Ana Girala y su entorno, y la entonces agente del Ministerio Público daba instrucciones a sus funcionarias (Griselda Acha y Christi Ortega) para buscar la ayuda de ambos letrados, a fin de que cumplan el rol de intermediarios para realizar solicitudes o exigencias de dinero en forma directa a los imputados, víctimas, usuarios o, incluso, a los familiares de estos.
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Los letrados recibían indicaciones de Ana Girala, por intermedio de sus funcionarias, respecto a las causas en las que debían estipular mecanismos para lograr intervenir, y formular planteamientos consistentes en exigencias de sumas de dinero para la agente fiscal a cambio de actuaciones funcionales.
Además, Marcos Velazco realizó ofrecimientos de pagos de dinero a cambio de actuaciones que sean favorables a sus clientes, ya sea de manera formal o informal los ofrecimientos que hacía en nombre de sus representados, de acuerdo con lo resaltado por el tribunal en la sentencia.
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En ese sentido la funcionaria Christi Magalí Ortega intervino, haciendo de nexo entre los abogados y la entonces fiscala Ana Girala, para la solicitud o exigencia de beneficios y recibía el dinero producto de los acuerdos ilícitos, siempre según lo acreditado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.