Padre de cinco hijos, don Alcides Hermosilla vive con su familia en la ciudad de Areguá, desde donde conversó vía telefónica con Abc, para comentar su impresión de la condena a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad establecida ayer para la exfiscala Ana Girala por coima y otros delitos. prevaricato, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión acabada y extorsión en grado de tentativa.
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Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron una condena a 12 años de cárcel para su ex colega Girala, tras concluir que en el juicio oral quedó probado que la ex agente lideró un esquema de coima, extorsión y persecución de inocentes desde su unidad en San Lorenzo, sin embargo, el colegiado declaró no probado este último delito.
Este juicio no se hubiera realizado si don Hermosilla accedía a pagar los G. 25 millones que le exigían desde el Ministerio Público para “ayudar” a su hijo Richard Hermosilla, padre de dos niños de 7 y 4 años al momento de su aprehensión.
Nuestro entrevistado nos comentó que el drama familiar empezó en setiembre de 2022, cuando su hijo Richard Hermosilla fue detenido en una barrera policial por contar con una orden de captura. Es a raíz de una denuncia por su presunta participación en un caso de tentativa de homicidio doloso, asociación criminal y producción de riesgos comunes.
Fiscalía hizo caso omiso a pedido de diligencias antes de iniciar el “apriete”
“Nosotros somos gente humilde, yo me dedico a la fabricación de dulce de mani, mi hijo es carpintero. Todos somos trabajadores, nunca tuvimos problemas con la justicia, para nosotros fue terrible”, recordó don Hermosilla.
Como primera medida, la abogada que asumió la defensa de Richard Hermosilla planteó la aplicación de medidas alternativas a la prisión a la par que ofrecía la realización de una serie diligencias para aclara la situación del imputado.
“Nosotros nunca le abandonamos a mi hijo, le visitábamos siempre, le acompañamos en todo momento porque sabíamos que él no tenía nada que ver con lo que le imputaban. En el video se ve que la persona a la que buscaban era flaco y mi hijo es gordo, ni siquiera le parecía”, explicó el padre de familia.
Sin embargo, pese a las solicitudes de diligencias planteadas en forma reiterada por la defensa, nada parecía surtir efecto.
“La fiscala no aceptaba nada de lo que pedía la abogada. Testigos, pericias, filmaciones, no hacía caso a nada de lo que se le ofrecía. Yo me iba a tratar de hablar con la fiscala y nunca estaba en su oficina. La funcionaria Acha (Griselda) era la que estaba ahí y siempre tenía una actitud soberbia, prepotente”, comentó.
Hasta que un día, recibió la llamada de la hermana de la abogada Liz Martínez, a la que conoció en una de las visitas a la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, quien le dijo que la Fiscalía estaba “interesada” en ayudar a su hijo.
Para ese entonces, la familia estaba sumida en la desesperación por la dilatada permanencia de su hijo en prisión y los cuantiosos gastos que conllevaba esta situación.
“La justicia no es para pobres”
“La justicia no es para pobres. Yo vendi el auto de mi hijo, hice préstamos, también sus hermanos, todos la familia se unió con lo que pudo, tuvimos que contratar peritos y muchos gastos más. Gastamos G. 150 milllones y no tenía una solución”, relató.
Don Hermosilla contactó entonces con Liz Martínez (hoy condenada) y le expresó su interés en la ayuda que le ofrecieron.
“Ella (Liz Martínez) me explicó que le iba conseguir medidas, pero que tenía que pagar G. 25 millones. Pero la condición era que mi hijo le diera poder. Yo le dije que era mucho dinero, que ya había gastado mucho y que si iba a dar una suma tan alta, quería hablar primero con la fiscala para que me asegure que le iba a liberar a mi hijo, entonces ella me citó en la Fiscalia”. recordó.
Ante esta situación, Hermosilla comentó la “propuesta” a su abogada, que le animó a realizar la denuncia.
“Yo no tenía de donde sacar más dinero pero sinceramente, les tenía mucho miedo. En la desesperación vas a hacer cualquier cosa. Yo le agradezco mucho a la abogada por animarme a denunciar, porque si no fuera por ella, no hubiera llegado a esta instancia. A partir de la denuncia, se hicieron las diligencias y en pocos días mi hijo salió en libertad y aclaró su situación”, relató Hermosilla.
Allanamiento y aprehensión en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo
La visita de Hermosilla a la Fiscalía se realizó el 16 de febrero de 2023 y en la reunión participaron Liz Martínez y la secretaria Griselda Acha. La conversación fue íntegramente grabada y monitoreada por el equipo fiscal-policial liderado por el fiscal Osmar Legal (actual juez penal de garantías).
Tras la salida del padre del imputado, el fiscal Legal allanó la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo, ordenó la detención de Acha y Martínez, cuyos celulares fueron incautados en la ocasión.
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En la búsqueda de las conversaciones realizadas al caso de Hermosilla, la investigación reveló una verdadera “oficina de recaudación” en la unidad fiscal intervenida.
Entre los mensajes que han sido expuestos en el juicio los involucrados hablan de imputaciones por “carachento” y de negociaciones de pagos tanto para imputar o no, así como para realizar allanamiento, salidas procesales, entrega de vehículos, entre otras diligencias propias de las causas penales.
La acusación admitida en juicio sostiene que la pericia realizada a los celulares de las sospechadas dejó al descubierto que la fiscala Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que dirigía esas negociaciones, según la acusación.
Condena establecida para Ana Girala y otros acusados
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Yolanda Morel e integrado por Karina Cáceres y Ana Rodríguez sentenció a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad por prevaricato, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado (coima), extorsión acabada y extorsión en grado de tentativa.
También fueron condenadas a 6 años y 6 meses de prisión Griselda Acha, exsecretaria fiscal; y a 4 años de pena privativa de libertad Christi Ortega, asistente de la entonces agente fiscal.
El colegiado condenó a los abogados Liz Elena Martínez Robles, a 3 años y 6 meses de cárcel y a Marcos Aurelio Velazco Mendoza, 2 años y 6 meses de privación de libertad. Por otro lado, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de culpa y reproche por duda razonable.
