La acusación en contra del exujier Nicolás Antonio Antúnez Tillería, del juzgado de Paz de La Encarnación, es como supuesto autor en el tipo penal de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y cómplice en el hecho punible de prevaricato, en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés.
De acuerdo con el escrito conclusivo presentado por la fiscal adjunta Gilda Villalba Tottil, interina de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien rectificó el pedido de suspensión condicional del procedimiento para el encausado; durante la investigación se pudo verificar que Nicolás Antonio Antúnez Tillería, junto a los demás involucrados en el esquema criminal, “utilizó el sistema judicial para entablar juicios y hacerlos avanzar, sin que los deudores tuvieran conocimiento de dichas demandas.”
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Dicha situación se daba porque los demandados no recibían ni las notificaciones que debían ser practicadas por los ujieres, ni las intimaciones de pago y embargo que debían diligenciar los oficiales de justicia; y ello, con el propósito de proceder al descuento compulsivo de sus salarios, mediante los embargos ejecutivos dispuestos por la entonces jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro.
A su vez, la magistrada tenía conocimiento de todo ello y se encontraba motivada por el cobro de sumas de dinero que los ujieres notificadores debían entregarle los días viernes, que los mismos percibían de las empresas para consignar informes falsos de notificación, según resalta la acusación fiscal.
Exujier realizó 40 “notificaciones voladoras”, según fiscalía
La acusación fiscal puntualiza que el entonces ujier Nicolás Antonio Antúnez Tillería consignó falsamente en expedientes judiciales que diligenció 9 cédulas de notificación el día 14 de febrero de 2024, a las 11:00; en distintas direcciones ubicadas en las ciudades de Lambaré, Areguá, San Lorenzo, Villa Elisa, Coronel Oviedo y Caacupé.
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Asimismo, según la Auditoría de Gestión Jurisdiccional resalta por el Ministerio Público en la acusación, Antúnez Tillería diligenció 12 cédulas de notificación en fecha 11 de marzo de 2024, a las 15:00 horas, en diversas direcciones ubicadas en las ciudades de Asunción, Villa Hayes, Limpio, San Lorenzo, Ypané, Ñemby y Guarambaré.
La fiscalía resalta también que el entonces ujier del juzgado de Paz de La Encarnación diligenció 9 cédulas de notificación en fecha 1 de agosto de 2024, entre las 14:00 y 17:00, en las ciudades de Villa Hayes, Pedro Juan Caballero, Ñemby, San Estanislao, Lambaré, Concepción y Lambaré.
Se resalta además 3 cédulas de notificación en fecha 9 de octubre de 2024 en direcciones ubicadas en las ciudades de Luque, Villa Elisa y Capiatá; no siendo posible el diligenciamiento de dichos documentos por las distancias entre dichas localidades, de acuerdo con la teoría acusatoria.
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Finalmente, Antúnez diligenció 2 cédulas de notificación en fecha 12 de marzo de 2024, en San Lorenzo y Asunción, respectivamente; y otras 2 cédulas de notificación el día 2 de agosto de 2024, en Ciudad del Este y Choré (San Pedro); además de haber realizado informes falsos de notificación en otros expedientes más; totalizando así 40 actas de informes falsos en los que habría asentado como realizadas las conocidas como “notificaciones voladoras”.
Ayudó a jueza en esquema mafia de los pagarés
Según la acusación presentada por la fiscala adjunta, la conducta del ujier notificador permitió a la entonces jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro, el dictamiento de resoluciones, en contra de los artículos que regulan el proceso de juicio ejecutivo, contenidos en el Código Procesal Civil, que disponen las notificaciones al deudor, a fin de llevar adelante las acciones ejecutivas, y de esa manera lograr posteriormente el embargo de salario de los demandados.
Sobre el punto el Ministerio Público agrega que Nicolás Antonio Antúnez Tillería, mediante la elaboración de sus informes en los que declaró hechos que no ocurrieron, ayudó a la entonces magistrada para sostener el motivo por el cual hizo lugar al inicio de cada una de las acciones ejecutivas, de modo a lograr posteriormente el embargo de haberes de los demandados.
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“Nicolás Antúnez (en su calidad de funcionario) certificó en contra de la realidad que realizó las notificaciones a los demandados individualizados más arriba. No se constituyó en sus domicilios para el efecto y, de esta manera, puso a disposición a disposición documentos en los que se certificaba hechos falsos”, resalta parte del escrito conclusivo presentado por la fiscala adjunta Gilda Villalba Tottil.
Implementaron esquema criminal “a cambio de dinero”
En conclusión, la fiscala adjunta puntualiza en la acusación que la entonces jueza de Paz Carmen Analía Cibils Miñarro tuvo la colaboración activa de los abogados demandantes representantes de las empresas de cobranzas, así como de los ujieres notificadores, actuarios y oficiales de justicia, entre ellos, del acusado Nicolás Antúnez, cada uno, desde el lugar que les correspondía cumplir con sus roles.
Todos estos presuntos involucrados en el esquema de la mafia de los pagarés realizaban la labor en apariencia de legalidad para que estos procesos monetarios, llegaran a la finalidad que era el cobro compulsivo, mediante embargos ejecutivos.
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“Pero la jueza, ujieres y actuarios no actuaban por un fin noble, sino todo lo contrario, en esta forma industrializada de tramitar los expedientes, que en ningún lugar la capacidad humana les hubiese permitido, lo hacían en cualquier día y horario, pues lo hacían por dinero”, resalta parte de la acusación fiscal.
Al respecto, el Ministerio Público remarca que justamente todo este trabajo descomunal, el cual está plasmado en los informes estadísticos, reflejan la clara motivación que tuvieron los ahora acusados al realizar las conductas.