La comitiva fiscal del Ministerio Público y el Departamento Jurídico de la previsional constataron la presencia de decenas de cajas con remedios pertenecientes al IPS, al Ministerio de Salud Pública y al Hospital de Clínicas en dependencias destinadas al descanso de los familiares de pacientes graves.
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El operativo concluyó con la aprehensión de Dolores Angélica Burgos de García, señalada como la responsable del lugar. Aunque en un principio la mujer alegó que los insumos formaban parte de un sistema de “donaciones”, la comitiva incautó cajas que contenían importantes sumas de dinero en efectivo con billetes de alta denominación, además de comprobarse la existencia de dormitorios privados con mercaderías, ropas y cajas acumuladas bajo las camas.
Hallazgos y falta de cadena de frío
Durante las inspecciones en los albergues correspondientes a las áreas de Terapia Intensiva UTI 1 y UTI 2, las autoridades incautaron más de 26 cajas grandes cargadas con fármacos. Personal técnico de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) asumió la tarea de confeccionar el inventario detallado en la sede fiscal para precisar la naturaleza de los productos incautados.
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Entre los elementos retirados se detectaron lotes de medicamentos vencidos y fármacos de uso controlado que se hallaban guardados en cajoneras sin la refrigeración obligatoria, rompiendo la cadena de frío requerida para su conservación.
Aquellos insumos que sufrieron alteración térmica o caducaron serán descartados de forma definitiva, mientras que los productos aptos podrían ser reasignados a dependencias de la red pública mediante autorización de un juez penal de garantías.
Marco legal y situación procesal
La investigación se centra en la presunta comisión del delito de comercialización no autorizada de medicamentos, contemplado en el artículo 207 del Código Penal paraguayo, figura que establece una expectativa de pena de hasta tres años de cárcel o multa.
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La detenida permanece bajo custodia en la Comisaría 12ª de mujeres a disposición del Ministerio Público para la toma de declaración informativa.
Debido a la tipificación legal del hecho —clasificado como delito al no superar los cinco años de pena privativa de libertad—, la fiscalía evalúa las distintas salidas procesales previstas en la normativa para determinar los pasos a seguir dentro del proceso judicial.