Según Jorge Sabaté, director jurídico de la comuna capitalina, el documento se encuentra en la etapa de recepción para ser derivado a comisión en la Junta Municipal. Allí los concejales realizarán los estudios y cuestionamientos correspondientes, para luego pasar al pleno y eventualmente al Ministerio del Trabajo. “No saldría por ordenanza. Se trataría de una aprobación mediante resolución de la Junta Municipal, que es el órgano encargado de aprobar este tipo de contratos y convenios”, afirmó.
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Asimismo, aclaró que esta nueva versión del contrato colectivo ya fue firmada por el intendente de Asunción, Luis Bello, y por las direcciones municipales que participaron en su elaboración. “La negociación de ese contrato a instancia de los sindicatos se dio en sede del Ejecutivo Municipal. Es más, nosotros estuvimos trabajando con ellos seis meses aproximadamente”, declaró.
Agregó que la presentación del borrador es formalmente un mensaje enviado desde la intendencia a la concejalía. “Ayer se armó todo este revuelo porque justamente no hubo quórum para aceptar la recepción de ese contrato. Es solo la recepción, no se habla de ningún tipo de aprobación”, insistió.
Sin embargo, este acuerdo no entra en vigencia hasta que sea aprobado por la concejalía y homologado por la cartera estatal. “La Junta es la que va a estudiar con posterioridad, porque ahora lo que se quiere hacer es meter como cualquier otro mensaje para darle entrada y justamente para que se estudie”, dijo Sabaté.
El representante legal insistió en que no se está haciendo nada fuera de los protocolos, por lo que se están siguiendo todos los canales correspondientes para que los ediles planteen en plenaria las objeciones que consideren. “Ese es el proceso normal: una recepción, derivación a comisión, estudio, derivación al pleno eventualmente para que se apruebe o no, y después va al Ministerio del Trabajo”, relató. Aseguró que en esa última instancia, la cartera del Gobierno central también puede objetar y no homologar el documento.
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¿Qué ocurre si no hay plata para pagar?
Jorge Sabaté explicó que, según la Ley 1535 y sus reglamentaciones, si no existe disponibilidad presupuestaria los beneficios acordados no se pagan, independientemente de que estén contemplados y firmados en el papel.
“Si no hay plata, no se paga. Es cierto que está el compromiso firmado, pero hay muchos compromisos de contratos anteriores que no se están abonando porque no hay disponibilidad presupuestaria”, admitió el jurista respecto a la abultada cantidad de deudas que acumula el municipio.
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Asimismo, el abogado sostuvo que, independientemente de que se renegocie o firme un nuevo convenio, gran parte de las reivindicaciones salariales y los beneficios ya constituidos corresponden a derechos adquiridos por los funcionarios. Afirmó que estos montos ya se venían cobrando y no fueron objetados por la gestión de Bello ni por las administraciones anteriores.
La iniciativa del contrato y la crisis financiera
Respecto al origen de la propuesta, Sabaté detalló que la iniciativa partió formalmente de los gremios. “Lo que se buscó fue regularizar a los jornaleros que, en virtud de la Ley 7745, quedaron superdesprotegidos en cuanto a la autonomía municipal”.
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Ante los cuestionamientos sobre el impacto fiscal que generan estas concesiones en una municipalidad con evidentes dificultades financieras y en quiebra técnica, el director jurídico argumentó que la Junta Municipal actuará como el filtro definitivo para determinar si el acuerdo es viable o si debe ser rechazado. Reiteró además que la efectivización de cualquier reajuste estará sujeta estrictamente a la existencia real de recursos en las arcas municipales.