El intento de liberación de los internos se dio en la Penitenciaría Regional de Villarrica, en enero de 2025. Del Tribunal de Sentencias que absolvió a los cuatro acusados, dos de los tres jueces votaron por la absolución de los procesados por producción de documentos no auténticos y tentativa de liberación de presos.
La fiscala Gladys Jiménez cuestionó la decisión y anunció que apelará, luego de un juicio relacionado con el intento de excarcelar irregularmente a cinco brasileños vinculados, según las investigaciones, al Primer Comando da Capital (PCC) y al entorno de Sebastián Marset.
Lea más: Feminicidio en Villarrica: matan a una mujer que se resistió a una violación
El tribunal estuvo presidido por la jueza Lisy Bogado e integrado por los magistrados Víctor Ortigoza y Julio Alfonso. Bogado y Ortigoza votaron por la absolución de los procesados, mientras que Alfonso se pronunció a favor de la condena.
Los absueltos son Joel Alberto López Vento y Carlos David Silvera Quiñónez, quienes se desempeñaban como funcionarios penitenciarios vinculados al Departamento de Judiciales, además de Arturo David Galeano Contrera y Ángel Gabriel Poisson Buscio, señalados por la Fiscalía como supuestos gestores de la liberación.
Absolución por mayoría y el anuncio de apelación fiscal
La fiscal Gladys Elena Jiménez, de la Unidad Penal N.º 1 de Villarrica, adelantó que apelará el fallo una vez que tenga acceso a la sentencia íntegra. Explicó que primero debe analizar los fundamentos de los jueces para determinar los argumentos que sustentará en su recurso.
“Dos de los tres jueces consideraron que había dudas respecto a la participación”, manifestó la agente fiscal al referirse al motivo de la absolución por mayoría. El magistrado restante consideró que los acusados debían ser condenados.
La presidenta del tribunal fue consultada sobre los fundamentos de la decisión, pero indicó que recién podrá brindar declaraciones cuando esté redactada la sentencia íntegra, cuya disponibilidad fue anunciada para la próxima semana.
La causa se remonta a la noche del 31 de enero de 2025, cuando llegó a la Penitenciaría Regional de Villarrica un oficio judicial que supuestamente ordenaba la libertad de cinco brasileños mediante una resolución dictada en el marco de un hábeas corpus.
Orden de libertad trucha y los documentos falsificados
El hábeas corpus incluía el Oficio Judicial N.º 76 y la Sentencia Definitiva N.º 13, ambos fechados ese día, y atribuía las resoluciones a la jueza Lilian Rosaura Flores Negri y a la actuaria judicial Susana Anahí Ayala Lima. Sin embargo, ambas negaron haber emitido los documentos, que posteriormente fueron confirmados como falsos.
Según la acusación fiscal, los documentos fueron utilizados para tramitar la salida de los internos. La carpeta ingresó al penal durante la noche y pasó por los procedimientos administrativos del Departamento de Judiciales, donde se verificaron los legajos de los reclusos y se preparó la documentación para su traslado.
Los cinco brasileños llegaron a salir de la penitenciaría y fueron trasladados hasta la dependencia del Departamento Judicial de la Policía Nacional, en Villarrica, para completar los procedimientos correspondientes a su liberación.
Sin embargo, un agente policial detectó inconsistencias en el oficio, entre ellas irregularidades en el sistema informático, tachaduras y el hecho de que el trámite se realizara fuera del horario habitual. Ante las dudas, solicitó la verificación de los antecedentes y se evitó que la liberación se concretara. Los internos fueron finalmente devueltos al establecimiento penitenciario.
Controles penitenciarios e irregularidades en el trámite
El caso provocó además medidas administrativas en el sistema penitenciario. En febrero de 2025, el Ministerio de Justicia anunció la intervención de la cárcel de Villarrica y el apartamiento de funcionarios mientras se investigaba cómo el documento falso había logrado atravesar los controles internos.
En el juicio, el Ministerio Público atribuyó a los cuatro procesados los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, en la modalidad de uso, y tentativa de liberación de presos. La Fiscalía sostuvo que cada uno habría cumplido un papel dentro de la maniobra, desde la tramitación interna de los documentos hasta el traslado de los reclusos.
Lea más: Doble crimen en PJC: Policía descarta al PCC y señala al Comando Vermelho tras allanamientos
En el caso de López Vento y Silvera Quiñónez, la acusación se relacionaba con los procedimientos administrativos realizados dentro de la penitenciaría. Para Galeano Contrera y Poisson Buscio, la Fiscalía atribuyó participación en el traslado de los internos hasta la sede policial, donde se debía completar la gestión para su salida.
Jiménez cuestionó que la documentación utilizada fuera manifiestamente irregular. Según relató, el documento presentaba firmas que no correspondían a las autoridades judiciales, además de tachaduras y un contenido que no coincidía con una resolución judicial auténtica.
Vínculos de los detenidos con el PCC y Sebastián Marset
La agente fiscal señaló que la liberación no se consumó debido a la intervención del policía que advirtió las inconsistencias y dispuso las verificaciones necesarias. Para la Fiscalía, esa circunstancia impidió que se concretara la salida de los cinco reclusos.
Los cinco brasileños son Glauber Fernández Dubal, Adalberto Ribeiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesley Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires. Habían sido detenidos en febrero de 2024 durante la operación Halcón 3, desarrollada en una pista clandestina del Chaco paraguayo, en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas y asociación criminal.
Lea más: A Ultranza: “La Maldad” movía los hilos de las finanzas de Sebastián Marset
Los investigadores los vinculaban con una estructura criminal atribuida al uruguayo Sebastián Marset y al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. En el momento del intento de liberación, los cinco se encontraban sometidos a un proceso penal relacionado con esas investigaciones.