El fiscal general Emiliano Rolón dispuso, por medio de la Resolución FGE N° 4187/2026, el inicio de una investigación penal con base a los hechos denunciados por los abogados Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría General de la República (CGR), relacionados a la existencia de al menos 1.082 funcionarios con títulos falsos, en 35 entes estatales.
Para llevar a cabo la labor investigativa, Rolón conformó un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdéz y Jorge Arce, todos ellos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón.
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En este contexto, el presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos presuntamente falsos, perteneciente a la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, reveló que un primer informe identificó 1.090 casos que deben ser aclarados con elementos documentales.
El senador Kemper también había sostenido que este tipo de hallazgos, evidencian fallas reiteradas en cuanto al control, así como las debilidades en los sistemas informáticos y la concentración de funciones, al tiempo de señalar la necesidad de establecer controles más rigurosos y priorizar la verificación individual de cada caso.
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Por su parte, el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, calificó este escenario detectado como una situación que resultó ser más grave de lo previsto.
Títulos falsos: contralor dice que no es el panorama completo
En otro momento, Benítez indicó que el documento de la comisión del senado, constituye un avance preliminar y que todavía no permite dimensionar la totalidad de las presuntas irregularidades, debido a que el análisis se realizó únicamente en 35 instituciones públicas.
El análisis identificó 1.090 títulos correspondientes a 1.082 funcionarios. La revisión todavía no abarca a todo el Estado, debido a que, al momento de elaborarse el informe, faltaban respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas.
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El informe también detectó 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo examinado, de las cuales 184 corresponden al área de salud.
Es ante estos hallazgos que la Contraloría presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por la presunción de un hecho punible. El informe es preliminar y las verificaciones deberán continuar para determinar las circunstancias de cada caso y las eventuales responsabilidades.