Los empresarios del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) resolvieron, en una reunión general con sus socios, fijar el 30 de noviembre como fecha límite para continuar operando si el Gobierno no regulariza las deudas pendientes y atiende los reclamos del sector. Los transportistas sostienen que hace tres años reciben promesas que no se concretan.
La decisión fue adoptada luego de evaluar los compromisos asumidos el pasado 19 de septiembre, durante una reunión en el Viceministerio de Transporte.
Según manifestaron, en esa ocasión les presentaron resoluciones que autorizaban el pago de las compensaciones correspondientes al año 2025, pero hasta la fecha no se efectuaron los desembolsos.
Los empresarios indicaron que solicitaron una audiencia con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión el 19 de septiembre y reiteraron el pedido el día 27 del mismo mes, sin obtener respuesta. Por ese motivo, resolvieron remitir una última nota a la titular de la cartera para comunicarle formalmente la decisión adoptada.
“Hace tres años que venimos recibiendo promesas y no podemos seguir esperando hasta finales de 2026 para que nos devuelvan el dinero que corresponde al año 2025”, manifestó César Ruiz Díaz, titular de la Cámara de Empresas de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).
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Los transportistas exigieron el pago de todas las sumas adeudadas y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. También reclamaron que se aplique la planilla de la Asociación Nacional de Transportadores Públicos (ANTP), elaborada a partir de un estudio financiado por el Gobierno, cuyos resultados, según afirmaron, todavía no se implementan.
Asimismo, pidieron la conformación de una mesa técnica para analizar mensualmente las tarifas y revisar los coeficientes establecidos en el Decreto N.º 710. Sostuvieron que están dispuestos a dialogar durante los próximos 30 días, pero exigieron que las discusiones se desarrollen con criterios técnicos y transparencia, incluso con participación de representantes de la prensa.
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Según señalaron, el propio viceministro de Transporte les habría manifestado que la aplicación de la planilla se encuentra fuera de su ámbito de decisión, debido a que el documento está en el despacho de la ministra. Los empresarios cuestionaron que el estudio permanezca sin aplicación y aseguraron que esta situación profundiza el desequilibrio económico y financiero de las concesiones.
En cuanto a las obligaciones pendientes, indicaron que las compensaciones de 2025 continúan sin resolverse y que todavía falta evaluar el impacto económico correspondiente a 2026. Además, advirtieron que el jueves 29 de octubre vence el plazo para el pago del subsidio correspondiente a septiembre.
Los representantes del sector aclararon que no buscan apropiarse del subsidio, sino que este cumpla su finalidad de beneficiar a los usuarios. En ese sentido, plantearon que los recursos se transfieran directamente a las tarjetas de los pasajeros, mientras que el Estado debe atender los compromisos económicos que afectan la operación de las empresas.
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Advirtieron que la devolución de las concesiones podría dejar sin servicio a miles de usuarios del transporte público. Afirmaron que las empresas ya no están en condiciones de continuar financiando la operación y que la situación también amenaza su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
De acuerdo con los datos expuestos durante la reunión, el sistema de transporte público de Asunción y el área metropolitana moviliza aproximadamente a 450.000 personas por día, mediante una flota de unos 1.120buses. Por ello, sostuvieron que una eventual interrupción no afectaría únicamente a los empresarios y pasajeros, sino también al funcionamiento de toda la sociedad.
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Los transportistas citaron además el artículo 36, inciso b, de la Ley N.º 7617, de reforma del transporte público, al señalar que los operadores tienen la obligación de comunicar cualquier anomalía que ponga en riesgo la prestación del servicio. Indicaron que su pronunciamiento busca advertir sobre la situación financiera que atraviesa el sector.
Finalmente, Ruiz Díaz reiteró que los empresarios están dispuestos a dialogar, pero que ya no aceptarán nuevos compromisos sin resultados concretos.
“Estamos dispuestos al diálogo, pero ya no estamos preparados para seguir aceptando promesas. Si no se solucionan los problemas que afectan al sector hasta el 30 de noviembre, deberán disponer de nuestras concesiones y buscar quién pueda prestar el servicio”, advirtió.
El titular de la Cetrapam sostuvo que los problemas podrían resolverse en un plazo menor si las autoridades toman las decisiones necesarias sobre la estructura tarifaria. Sin embargo, insistió en que, si no se atienden los reclamos dentro del plazo establecido, las empresas pondrán sus concesiones a disposición del Gobierno.