La jueza de Ejecución Especializada en Crimen Organizado y Anticorrupción Sandra Kirchhofer hizo lugar al incidente de tutela jurisdiccional promovido por la defensa del condenado Ramón Mario González Daher, teniendo en cuenta la condición de adulto mayor y las múltiples patologías crónicas de base que padece el condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa.
En el Auto Interlocutorio N° 495 de fecha 10 de noviembre de 2026, Kirchhofer resalta los informes médicos del Poder Judicial, que confirman una severa disminución de la agudeza visual de González Daher, además de un cuadro respiratorio del recluso que requirió seguimiento clínico especializado.
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La magistrada argumentó que el Estado tiene la obligación positiva de velar por la salud e integridad física de las personas privadas de libertad, garantizando que el cumplimiento de la condena no vulnere derechos fundamentales.
Además, Kirchhofer consideró determinante el resultado de la evaluación de riesgo, necesidad y amenaza, elaborada por el organismo técnico-criminológico del penal de Emboscada, ubicó a Ramón González Daher en una categoría de bajo riesgo con recomendación de mínima seguridad, teniendo en cuenta que el interno mantuvo un comportamiento adecuado y una adaptación positiva durante su reclusión, desestimando la necesidad de mantenerlo en regímenes de alta peligrosidad.
En consecuencia, el juzgado de Ejecución ordenó el traslado del condenado del módulo 7 al módulo convencional 2 de la Penitenciaría de Emboscada, destacando que esta ubicación ofrece mayor proximidad al sector de sanidad y condiciones de descanso más adecuadas.
Defensa de González Daher alegó “consecuencias irreversibles”
Al presentar el incidente de tutela jurisdiccional, las abogadas María Gloria Núñez y Karina Rocca argumentaron una supuesta pérdida progresiva de la capacidad visual de Ramón González Daher, en un 40%; e indicaron que al tratarse de una persona de 75 años diagnosticada con múltiples patologías, la falta de un diagnóstico y tratamiento oftalmológico especializado inmediato podrían generar “consecuencias irreversibles”.
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Las defensoras remarcaron que el usurero luqueño requería autorización para recibir consultas médicas externas en centros especializados, ya que el establecimiento penitenciario carecía de los equipos tecnológicos necesarios para atender debidamente su patología visual.
En tercer lugar, cuestionaron las condiciones ambientales de reclusión en el módulo 7, denunciando que la iluminación artificial se mantiene encendida durante las horas de descanso nocturno. Argumentaron que esta situación altera negativamente el ciclo circadiano y el descanso del adulto mayor, perjudicando aún más su frágil estado general de salud y acelerando el deterioro de su cuadro clínico.
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Con estos fundamentos las letradas solicitaron al Juzgado de Ejecución que ordene con carácter de extrema urgencia la constitución de un médico forense de turno del Poder Judicial en la cárcel de Emboscada, a fin de que examine al interno, verifique el cuadro febril y el sangrado denunciado, emitiendo dictamen inmediato con recomendación de traslado hospitalario si así correspondiere.
RGD y su hijo cumplen histórica condena
El 2 de julio pasado el Ministerio de Justicia trasladó a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, tras investigaciones que detectaron presuntos privilegios y el acceso a objetos prohibidos (teléfonos celulares) dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban recluidos.
El pasado 7 de setiembre se cumplieron cuatro años de la histórica condena que cumplen Ramón González Daher, a 15 años de cárcel, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por lavado de activos provenientes de la usura.
El fallo fue dictado el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), Yolanda Portillo y Yolanda Morel.
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En el juicio oral que finalizó el 10 de diciembre de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (hoy juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) y la Abg. Patricia Doria, representante del querellante adhesivo Julio Mendoza Yampey; probaron que entre los años 2014 y 2019 el clan González Daher otorgó préstamos usurarios a al menos 156 personas.