La fiscala electoral Mirian González, de la capital, afirmó que, en caso de producirse una amenaza a los electores para inducir al voto, se trata de un “delito electoral y tendrían que intervenir los fiscales penales”, dejando a cargo de ellos la acción.
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Específicamente en el caso de Cartes, que pese a amenazar en al menos dos actos públicos a quienes no voten de punta a punta a la ANR, la fiscala dijo que “tiene que haber flagrancias y tiene que estar esa persona (la amenazada) debidamente identificada”.
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“Tiene que estar individualizada una víctima, por eso te digo que tienen que ser los fiscales penales los que tienen que analizar algunas acciones”, dijo ante la insistencia.
El Código Penal, en su artículo 278, sobre coacción al elector, establece claramente: "El que mediante fuerza amenaza de un mal considerable, presión económica o abuso de una relación de dependencia profesional o económica, coaccionara a otro o le
impidiera elegir o ejercer su derecho electoral en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa".
En un acto en Pilar, Cartes taxativamente había afirmado: “Hoy les digo que no hay tolerancia, que ninguna colorada o colorado que no vote la Lista 1 de punta a punta... Les digo que vamos a saber todo cómo vota la gente, porque se sabe. Pero aquel que no respeta al partido, yo, mi opinión personal, es que nada tiene que hacer en el Partido Colorado si no vota de punta a punta. El partido da demasiado, y si tenemos diferencia que se quede a dormir en la casa, pero aquel que se anima a votar contra el partido... Creo que tenemos que estar todos de acuerdo: Tribunal de Conducta, y afuera”.
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El agravante del caso de Cartes es que, como mandatario, tiene a miles de funcionarios públicos en "situación de dependencia". Ya existen otras denuncias de amenazas a gente humilde de quitarla de los programas de asistencia social.
