Los nuevos agentes fueron enviados a las comisarías de Fuerte Olimpo, Carmelo Peralta, Puerto Casado y Bahía Negra para prestar servicios en dichas comunidades, según refirió el comisario Wilfrido Meza, director departamental, y se verá la mayor urgencia para algunas subcomisarías de otras localidades, refirió.
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Destacó que de los 50 uniformados, 44 son varones y las 6 restantes mujeres. Si bien esto ayudará de forma considerable a la coordinación de trabajos de seguridad en las diferentes comunidades, sin embargo, se necesita más recurso humano, atendiendo la extensión territorial del Alto Paraguay, enfatizó.

El departamento del Alto Paraguay tiene una extensión de 82.349 km², que debe ser resguardada por un poco más de 150 agentes policiales, situación que complica en varios casos, sobre todo en la urgencia de prestar servicio, en especial a aquellos lugares rurales bastante alejados.
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A esto se le suman las precarias condiciones de los caminos de tierra, como el reciente caso de un ciudadano danés encontrado muerto en las proximidades del Parque del Cerro León. Tras la denuncia, tuvieron que llegar al sitio uniformados policiales de la Comisaría de Bahía Negra, quienes realizaron un recorrido de más de 200 kilómetros para llegar al lugar y luego otros 300 kilómetros para trasladar el cadáver hasta la localidad de Mariscal Estigarribia.
En síntesis, la patrullera recorrió más de 1.000 kilómetros, ida y vuelta, sumado a que durante el viaje se produjeron lluvias, lo que complicaba aún más el trayecto. Todo esto debido a que no existe un puesto policial en la zona de Agua Dulce, próxima a la reserva natural.
Delitos comunes
A diferencia de otras regiones del país, en esta zona chaqueña son escasas las manifestaciones ciudadanas que deben ser resguardadas por los uniformados; en contrapartida, los delitos más comunes que se producen son los conflictos y peleas entre personas, tanto en las comunidades como en las estancias.
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Sin duda, el mayor de los flagelos es el relacionado con los permanentes hechos de abigeato, que ponen en jaque tanto a los grandes como a los pequeños productores, produciendo graves consecuencias económicas para las familias de la zona. En los últimos años está aumentando de forma considerable la venta de drogas en las poblaciones del departamento, incluidas las comunidades indígenas.

La falta de control de las personas que ingresan al departamento hace que varios trabajadores de estancias, llegados de otras comunidades y con frondosos antecedentes policiales, vean precisamente estos lugares como refugios, tal como se evidenció en varias ocasiones.
