Si bien se sabe lo difícil y costoso que representa mantener los caminos de tierra, que por lo general suelen quedar destrozados tras cada lluvia, existe una necesidad imperiosa de garantizar la transitabilidad, sobre todo en un departamento donde la economía gira principalmente en torno a la producción ganadera y donde los productores necesitan sacar sus animales hacia los centros frigoríficos.
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Sin embargo, con la millonaria suma de más de G. 102.500 millones que el Estado paraguayo destinó desde el 2015 para estas reparaciones, mínimamente los caminos deberían mantenerse transitables. No obstante, apenas se producen lluvias, varios tramos quedan inundados y, con ello, las poblaciones vuelven a quedar aisladas durante meses; la producción se paraliza y comienza la crisis económica entre los pobladores.
Trabajos parches
Sucede que los arreglos realizados por las empresas viales adjudicadas consisten, en su mayoría, en simples trabajos parches o maquillajes que terminan destruidos con las primeras lluvias. No se realizan los levantamientos de terraplén a la altura necesaria, mucho menos se colocan adecuados sistemas de desagüe; y, por supuesto, al no existir salida para las aguas, numerosos tramos quedan inundados.
Durante todo este tiempo se pudo observar precisamente este tipo de trabajos chapuceros, aparentemente destinados a justificar los millonarios desembolsos, donde existiría una marcada complicidad entre los fiscalizadores del MOPC y las empresas contratistas, pues pese a la precariedad de las obras, las tareas terminan siendo certificadas como ejecutadas conforme a los contratos.
Sumas millonarias
En el 2015, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desembolsó la suma de G. 30.000 millones para la reparación de 600 kilómetros de caminos dentro del departamento. Las empresas adjudicadas fueron Consorcio Occidental y Obras Viales, representadas por los ingenieros Reinaldo Maggi y Jaime Jiménez, respectivamente.
Como ocurrió en otras ocasiones, gran parte de estos arreglos se limitaron a simples raspajes. Tres años después, en el 2018, nuevamente se realizó otra millonaria licitación entre el MOPC y empresas de vialidad, incluyendo además a los militares, a través del Comando de Ingeniería. El monto total ascendió a G. 55.000 millones, distribuidos entre estos grupos.
Los militares fueron adjudicados con una cifra de G. 20.000 millones para reparar un tramo de 75 kilómetros del camino Toro Pampa que conecta hasta la ruta bioceánica. En tanto, la empresa Construpar S.A. fue beneficiada con G. 15.000 millones para reparar el tramo de 115 kilómetros desde Toro Pampa hasta Bahía Negra- Posteriormente la firma volvió a subcontratar a otra empresa para la ejecución de las tareas.
Por su parte, la empresa Tecnología del Sur S.A. fue adjudicada con la suma de G. 14.000 millones para reparar 75 kilómetros del camino que une Puerto Sastre con la ruta bioceánica, mientras que la firma vialera menonita Mawes S.A. recibió G. 5.700 millones para encargarse de la reparación del tramo Olimpo–Toro Pampa, de 62 kilómetros.
Finalmente, en el 2025, otro contrato del MOPC por un monto superior a G. 17.500 millones adjudicó a las empresas Mawes S.A. y a la firma del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman la reparación de estos caminos. Sin embargo, con la primera lluvia nuevamente quedaron aislados los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.
Posibles negociados
Desde hace años se menciona que la reparación de caminos en el departamento era considerada por los políticos de turno como “la gallina de los huevos de oro”, debido a la enorme cantidad de dinero público destinada a este rubro y porque, según las denuncias, los trabajos realizados terminaban siendo simples maquillajes.
En una oportunidad, un político de la zona había comentado que con cada licitación realizada para las reparaciones de caminos, el 30% del monto adjudicado quedaba en la Cámara de Diputados para la repartija entre algunos representantes de la Cámara Baja. No obstante, esta afirmación nunca fue acompañada de pruebas y hasta la fecha no existen evidencias que permitan confirmar dicha denuncia.
De ser cierta esta afirmación, y que muchos creen que es así, el dinero que finalmente reciben las empresas viales adjudicadas ya no corresponde al monto inicial establecido en los contratos. En consecuencia, los trabajos que deben ejecutar también terminan reduciéndose, limitándose apenas a simulaciones de reparaciones, como simples perfiladas que lucen bien en época de sequía, pero que vuelven a desaparecer apenas llegan las lluvias y los caminos nuevamente quedan inundados.
Subcontrataciones
Para muchos pobladores, otro ejemplo de que todo esto podría formar parte de un gran negociado es el hecho de que varias de las empresas adjudicadas terminan subcontratando a otras firmas, generalmente porque carecen de maquinarias suficientes. Tal es el caso actual de la empresa Chávez Hausman, adjudicada con un monto cercano a G. 9.000 millones para estas reparaciones y que, sin embargo, debió subcontratar a otra firma debido a la escasez de equipos.
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Resulta difícil de entender cómo una institución seria, como debería ser el MOPC, pueda adjudicar trabajos a empresas que carecen de maquinarias propias, considerando que con cada subcontratación el dinero público termina dividiéndose entre dos firmas y, lógicamente, el trabajo real que debe ejecutarse disminuye considerablemente.
En una oportunidad, el propio MOPC se negó a adjudicar trabajos a una empresa menonita de la zona, alegando supuesta falta de experiencia para realizar reparaciones en caminos del Chaco. Sin embargo, según versiones de pobladores, la verdadera intención habría sido beneficiar a empresas consideradas “amigas” del poder político de turno.
Las firmas viales menonitas son consideradas por los pobladores como las que verdaderamente conocen el trabajo de reparación de caminos en el Chaco. Se caracterizan por ejecutar obras de mejor calidad y, sobre todo, por presentar presupuestos más acordes a la realidad, motivo por el cual según versiones de la zona no se prestarían a posibles negociados como los que presuntamente existen con otras empresas adjudicadas.
Dentro de este panorama de supuesto despilfarro de dinero público y posibles negociados, muchos pobladores consideran que a las autoridades de turno no les interesa proyectar caminos de todo tiempo para esta región altamente productiva, ya que una solución definitiva acabaría con los permanentes millonarios desembolsos destinados cada pocos años a reparaciones provisorias y cuestionadas.
