El reciente informe de la CGR refiere que la administración del gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, no pudo justificar el uso de unos G. 9.000 millones durante los años 2023 y 2024, periodos investigados, tras la denuncia sobre supuesto mal uso de los recursos públicos realizada por los concejales Juan Ortiz y Jorge Medina, ambos correligionarios del jefe departamental.
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Uno de los cuestionamientos del ente contralor refiere que no se pudo justificar más de G. 5.000 millones en relación con la provisión de combustibles y lubricantes, sobre todo debido a la falta de uso de tarjetas magnéticas que puedan ayudar a tener un mejor control.
También está en duda el dinero destinado a instituciones sin fines de lucro y ONG, pues no se pudo evidenciar, mediante documentaciones, el uso correcto de los recursos por parte de las personas e instituciones favorecidas con los desembolsos.
La Contraloría detectó incumplimiento de contratos con las empresas adjudicadas para la construcción de obras públicas, como el cementado de calles en la localidad de Bahía Negra y las refacciones de la sede del Gobierno Departamental y de la residencia destinada al Ejecutivo, ambas en Fuerte Olimpo, por un monto de más de G. 4.000 millones.
El concejal Jorge Medina, uno de los denunciantes ante la Contraloría sobre el supuesto mal uso del dinero público por parte del Ejecutivo, pidió que desde la Fiscalía se puedan investigar estas irregularidades, atendiendo la gravedad de la situación.
El edil comentó, además, que hace seis meses no recibe la bonificación destinada a cada concejal en el rubro de combustibles, razón por la cual no pudo asistir el día sábado a la sesión de la Junta Departamental, realizada en Fuerte Olimpo. Medina es oriundo de Puerto Casado, distante a 250 kilómetros de la capital departamental.
El salario aproximado de cada concejal departamental es de unos G. 14 millones, incluyendo la bonificación de unos G. 2.700.000 en concepto de combustibles y también lo referente a viáticos.
Sergio Cuellar, quien recientemente dejó la presidencia de la Junta Departamental, mencionó que hasta la fecha ningún concejal pudo percibir lo relacionado con el rubro de combustibles, debido a que el proceso de licitación sufrió numerosos inconvenientes con las empresas oferentes. Inclusive, en una ocasión, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas procedió a anular el llamado para la provisión del combustible.
Alegó que recién a partir de este mes tienen la promesa desde el Ejecutivo de normalizar esta situación, tras confirmarse todo el proceso licitatorio, por lo que estarán recibiendo de forma normal el combustible.
El jefe departamental había manifestado que no existía ninguna auditoría en vigencia por parte de la Contraloría en la Gobernación. Lo que podría existir, según había señalado, era un informe o trabajo de revisión en proceso y que, una vez notificados, se encargarían de presentar todas las documentaciones requeridas.
Silencio cómplice
Otra de las denuncias sobre el mal uso del dinero público en la Gobernación, durante la administración anterior, que involucra al exgobernador y actual diputado nacional José Domingo Adorno, hace relación a obras millonarias realizadas y abandonadas durante su mandato, y de las cuales las actuales autoridades y la misma Fiscalía se desentienden para la investigación penal.
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Una de ellas es la construcción del muelle atracadero en la localidad de Bahía Negra, donde se utilizaron unos G. 5.000 millones. También se tiene lo que debía ser el dispensario médico en la comunidad indígena de María Elena, del distrito de Fuerte Olimpo, donde se destinaron unos G. 690 millones.
Ambas obras, adjudicadas a la empresa AR Consultores y Asociados, de Alfonso Rivas, se encuentran abandonadas desde hace años. Otra construcción en esta misma situación hace referencia a lo que debía ser la Iglesia San Roque González de Santa Cruz, en la localidad de Toro Pampa. El monto utilizado es de G. 700 millones y estos trabajos se coordinaron con el Vicariato Apostólico del Chaco.
