Contralor "ruega" que Corte defina acceso a declaraciones juradas

El contralor Camilo Benítez aseveró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe definir qué hacer con el acceso a la información de las declaraciones juradas. "Ruego que esa acción se resuelva", subrayó al argumentar que esto aclarará el panorama legal.

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Actualmente se encuentra en manos de la Corte la definición de dos casos que respectan al acceso a la información: el de Daniel Vargas contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el del periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano Flecha contra la Contraloría. 

Al respecto, el contralor general de la República, Camilo Benítez, recordó que existen dos normativas que regulan este asunto particular. “Una es la ley de declaraciones juradas, que establece que solamente la Contraloría puede entregar esa documentación con una orden judicial o fiscal. Todos los que estuvieron antes que yo en este cargo han sostenido que no pueden dar esa información. Existe otra ley posterior que es la de Acceso a la información pública que a mi criterio ordena entregar la información”, indicó.

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Sin embargo, hizo énfasis en que ambas normativas tienen el rango constitucional porque son dos leyes del Congreso que se contraponen una contra otra. “Sé que puede ser una medida superpopular que yo decida personalmente entregar esa información, pero puede tener consecuencias legales porque existe una ley que prohíbe entregar esa información”, agregó.

En ese contexto, sostuvo que si hay una duda sobre cuál es la ley aplicable y siendo la Corte la única que puede interpretar la constitucionalidad de las leyes, es mejor esperar a que eso se defina en esa instancia. "Ruego que esa acción se resuelva, de verdad, cualquiera sea la decisión sería un cambio de paradigma", puntualizó. 

Por otra parte, el contralor Camilo Benítez, habló con relación a los exámenes de correspondencia. “Existía un pedido de que se realice un examen de correspondencia del Senado el año pasado y eso valió un informe de los técnicos del área, porque el pedido no es menor, es de todas las autoridades nacionales. La dirección que estaba a cargo presentó un informe y decía que era de cumplimiento imposible porque se pedía un plazo de 15 días”, recordó.

En ese marco, recalcó que podría ser de cumplimiento imposible hacer todo de una vez, lo cual no significa que no pueda cumplirse por parte. “Es decir, hacer primero el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, luego el Poder Judicial y luego las entidades descentralizadas que es lo que se resolvió ahora”, indicó.

Dijo que la dirección encargada de dicho trabajo contaba con seis funcionarios y ahora quieren elevar esta cifra a 30. “Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder cumplir con este pedido. Esto nunca se hizo, es para mí la decisión más ambiciosa que se ha tomado en esta entidad fiscalizadora", concluyó al respecto.

 

 

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