Conversamos con el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano; el consultor en transición energética, Nicolás Foissac, y Eduardo Jurado Béjar, fundador y chairman de Semgroup de Ecuador.

Se viene decreto presidencial

Para el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, el objetivo central es habilitar la participación del sector privado en generación e infraestructura mediante nuevas normativas, entre ellas las vinculadas a pequeñas centrales hidroeléctricas y el fomento de energías renovables, que serán reglamentadas próximamente por decreto presidencial.

Estas disposiciones permitirán incluso la figura de concesionarios y la comercialización de energía entre privados, especialmente hacia grandes consumidores.

Lea más: Una ley para desmonopolizar la ANDE

Tras modelo uruguayo para modernizar sistema eléctrico

“El beneficio principal que buscamos es fomentar la inversión en el sector eléctrico para acompañar el crecimiento económico del país”, afirmó el viceministro. En ese sentido, destacó que Paraguay enfrenta un fuerte incremento en la demanda de energía, reflejado en cifras recientes: un crecimiento del 18% en 2024, 12,5% en 2025 y 17% en lo que va del primer trimestre del 2026. Este escenario, indicó, obliga a planificar con anticipación la expansión del sistema para sostener el proceso de industrialización.

Bejarano remarcó que los cambios en curso no representan una apertura total del mercado, por lo que no se prevé un impacto inmediato en hogares, comercios ni industrias.

El modelo que se analiza como referencia es el de Uruguay, donde la incorporación de actores privados se realizó de forma gradual, manteniendo a la empresa estatal con un rol predominante. En Paraguay, la ANDE seguiría cumpliendo una función central dentro del sistema eléctrico.

Otro punto clave es el desarrollo de infraestructura, considerado el principal desafío ante el aumento sostenido del consumo. Para ello, el Gobierno evalúa herramientas como las alianzas público-privadas y mecanismos de financiamiento como el leasing, con el fin de acelerar las inversiones necesarias.

En cuanto a las energías renovables, el viceministro explicó que estas permitirán aumentar la potencia disponible, ya sea para abastecer a la ANDE o para que los generadores privados puedan vender directamente a grandes consumidores, con demandas a partir de 30 MW, e incluso exportar energía.

Lea más: ANDE: Dan sí a desmonopolio

Además, adelantó que la decisión de crear un Ministerio de Energía y Minería está plasmada en la Política Energética Nacional 2050, que el presidente decidió sea en conjunto con el de Industria y Comercio, además se trabaja en la creación de un ente regulador energético tanto eléctrico como gasifero y a mediano plazo la creación de un despacho de carga independiente, como parte del proceso de modernización del sector.

Desafío eléctrico: US$ 500 millones anuales y +50% de demanda en 3 años

El debate sobre la apertura del mercado eléctrico en Paraguay cobró impulso tras la Ley 7599/2025, que habilitará la participación privada en la generación de energía cuando cuente con reglamentación.

Sin embargo, el consultor en transición energética y socio de la APER, Nicolás Foissac, advirtió que el foco no debe centrarse en una eventual reducción de tarifas —irreal en nuestro país— sino en garantizar que el sistema pueda sostener el crecimiento de la demanda.

El sistema eléctrico se estructura en generación, transmisión y distribución. La reforma apunta principalmente al primer segmento, permitiendo a privados producir energía e integrarla al sistema, mientras la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mantiene un rol central. En este contexto, la apertura debe entenderse como una herramienta para acompañar el crecimiento y no como un mecanismo para abaratar precios.

Operar el sistema demanda US$ 500 millones al año

El principal desafío radica en la fuerte expansión del consumo, que superó el 50% en los últimos tres años debido a la industrialización y la electrificación. Esta demanda presiona sobre una infraestructura rezagada que requiere al menos US$ 500 millones anuales para operar adecuadamente, cifra que aún no se alcanza. La falta de inversión ya genera tensiones que podrían derivar en una crisis energética a corto plazo.

Además, el costo real de la energía para las empresas no se limita a la tarifa: interrupciones, pérdidas productivas y la necesidad de sistemas de respaldo encarecen el servicio. Actualmente, no existen soluciones estructuradas ante fallas, lo que obliga a depender de generación propia.

Foissac alertó que una apertura mal diseñada podría generar distorsiones, por lo que se requiere planificación y coordinación central. Aun así, atraer inversiones, diversificar la matriz y aliviar la presión sobre la ANDE posicionan a la apertura como una oportunidad estratégica dentro de un mercado energético global en expansión.

“Mercado de eficiencia energética”

Desde una visión regional, Paraguay cuenta con una ventaja estructural única: energía limpia y de bajo costo gracias a su matriz hidroeléctrica. Para Eduardo Jurado Béjar, fundador y chairman de Semgroup de Ecuador, el verdadero desafío no está en generar más energía, sino en utilizarla mejor.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mantiene un rol central en generación, transmisión y distribución, pero enfrenta limitaciones en eficiencia, pérdidas técnicas e inversión en redes. En este contexto, el especialista propone crear un “mercado de eficiencia energética”, donde la participación privada se enfoque en reducir pérdidas, optimizar el consumo y capturar valor.

El modelo no busca romper el monopolio estatal, sino sofisticarlo mediante incentivos regulatorios, tecnologías como medidores inteligentes y analítica de datos. Ecuador acaba de hacer reformas por la crisis de generación que atraviesa por la falta de lluvias en la zona de las hidroeléctricas y Colombia abrió el mercado eléctrico de generación al sector privado.

Para Paraguay, el potencial está en convertirse en un hub de data centers, hidrógeno verde e industria pesada, aunque persisten desafíos en infraestructura, capital humano y seguridad jurídica.