Tras obtener media sanción en Diputados, el Senado analiza el proyecto de ley que modifica el artículo 163 del Código Penal para elevar las penas por abigeato (robo de ganado) de dos a diez años de prisión en los casos básicos y de tres a quince años cuando existan circunstancias agravantes.
El presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Miguel Doldán, señaló que el gremio fue convocado por la Comisión de Legislación de la Cámara Alta para exponer su postura sobre la modificación.
Crimen y no delito
Doldán sostuvo que la legislación actual no permite frenar el abigeato y planteó que el hecho sea considerado crimen y no delito, de manera a no limitar la posibilidad de excarcelación.
“En reuniones pasadas mostrábamos los números que disponíamos desde la Comisión de Lucha Contra el Abigeato y Control de Tránsito de Ganado (Colcat) y la Comisión Nacional de Lucha Contra el Abigeato, el Tráfico de Rollos y Delitos Conexos (Conalcart) y el abigeato no estaba disminuyendo, sino que inclusive estaba aumentando”, afirmó.
Agregó que el problema también afecta a pequeños productores, quienes muchas veces no denuncian el robo de animales debido a la burocracia que implica el proceso.
Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) citados por el dirigente, el 71% de los 136.000 ganaderos registrados tiene menos de 50 cabezas. Los casos de robo de animales pertenecientes a pequeños productores no aparecen en el registro del gremio al no realizar la denuncia.
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Transportistas piden garantías
El proyecto también contempla a los transportistas dentro de las circunstancias agravantes cuando participen en el traslado de ganado robado, comentó.
De acuerdo con lo que explicó el dirigente, la medida genera preocupación entre quienes realizan el transporte de animales de “buena fe”, por lo que plantean mecanismos que permitan demostrar que desconocían el origen ilícito de la carga.
“Ellos lo que manifestaron, y con lo cual yo estoy de acuerdo, es ver la forma de cómo el transportista, ya sea el chofer o el dueño del camión, pueda demostrar que cuando transportan la carga lo hacen de buena fe”, precisó.
Indicó que existen casos en los que los trabajadores reciben una carga sin conocer su procedencia y terminan involucrados en una investigación. En ese aspecto, detalló que muchos ni miran las marcas de lo que están subiendo en sus camiones y luego se les para en el puesto de Colcat y allí tienen problemas.
Buscan fortalecer el trabajo con Fiscalía y Policía
El ruralista consideró que el cambio en el marco penal también permitirá fortalecer la actuación de la Policía, el Ministerio Público y de los jueces.
“Por eso es que en el Congreso se tiene que modificar esto (la ley), para que después la Fiscalía pueda actuar bien y los jueces implementen la condena necesaria”, manifestó.
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Impacto económico
Sobre el perjuicio económico, el dirigente subrayó que no existen datos que permitan dimensionar todo el impacto del delito, principalmente porque modalidades como el robo de pocas cabezas no siempre son denunciadas.
Advirtió además que el perjuicio trasciende al productor, ya que cuando se roba una tropa (lote de animales) y se adulteran documentos también puede existir evasión de impuestos y riesgos sanitarios.
“Muchas veces cuando no se sabe la veracidad de esos animales si están vacunados o no. Eso nos puede afectar al sector exportadores de carne”, concluyó.