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Sobre el punto, la semana que pasó se realizó una audiencia pública para abordar el “Proyecto de Ley de Protección a Periodista y personas Defensoras de los Derechos Humanos”, La audiencia estuvo presidida por el senador colorado Mario Varela (ANR, Fuerza Republicana), actual presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Senadores.
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Los oradores principales de ese día subrayaron en la necesidad de proteger de manera integral a los profesionales del periodismo, subrayando además en el hecho de que alarma la forma en la que el crimen organizado opera para intimidar y asesinar a periodistas. Recordemos que desde la apertura democrática a la fecha se llevan en la cuenta 22 periodistas asesinados, el primero de ellos fue Santiago Leguizamón por cuyo caso el estado paraguayo recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En una de las cláusulas de resarcimiento se exige al Paraguay contar con una ley de protección a periodistas. Al respecto dos cosas: Es claro que si no existiese tal condena los parlamentarios ni caso harían a una propuesta como esta.
Y por el otro, es improcedente poner en la misma categoría a los periodistas y a los defensores de DD.HH. Ambos tienen una labor loable en favor de la democracia. Pero la naturaleza del trabajo es distinta y el abordaje de protección también debería serlo. No porque el Estado esté urgido de tener una Ley para “quedar bien” ante el “concierto de naciones” producto de una condena, se aproveche para mezclar los tantos.
La legislación, en este caso debe ser cuidadosamente abordada con la perspectiva correcta para unos y otros. No se vale mezclar, porque así se diluye la fuerza y la naturaleza de lo que se persigue para mantener firme uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de prensa.