La situación alcanzó un nivel inusual cuando la Justicia autorizó no solo el ingreso de funcionarios de la Contraloría a la sede municipal, sino también el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar el acceso a documentos oficiales. Este hecho, poco común en la administración pública, expone una resistencia abierta a los mecanismos de control y deja en evidencia un serio conflicto entre la autoridad municipal y las instituciones encargadas de fiscalizar.
Los antecedentes agravan considerablemente el escenario. Según datos del ente contralor, la Municipalidad de Valenzuela respondió apenas uno de los múltiples requerimientos realizados desde octubre de 2023, ignorando sistemáticamente las reiteraciones durante los años 2024 y 2025. Esta conducta evidencia no solo una falta de cooperación, sino un patrón sostenido de incumplimiento.
Incluso, cuando auditores de la Contraloría se constituyeron en la Municipalidad en julio de 2025, la intendenta solicitó una prórroga para la entrega de los documentos requeridos. Sin embargo, ese compromiso tampoco fue cumplido, profundizando la percepción de opacidad en la gestión.
A este contexto se suman causas judiciales de peso que comprometen aún más la credibilidad de la administración de Mirtha Fernández. La jefa comunal enfrenta actualmente un juicio oral por presunta lesión de confianza, en un caso que involucra una supuesta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión en el año 2019.
Además, la Fiscalía presentó una imputación en su contra por hechos similares correspondientes al periodo 2022-2023, donde el presunto perjuicio patrimonial estimado asciende a unos G. 300 millones. En este caso, la investigación apunta a la utilización de recursos del Fonacide para obras que no habrían sido ejecutadas, lo que implicaría un uso indebido de fondos destinados a educación y desarrollo comunitario. De acuerdo con los datos fiscales, para justificar estos desembolsos se habrían utilizado documentos de contenido falso, lo que agrava aún más la situación. Entre las irregularidades detectadas, se menciona la adjudicación de obras de empedrado que, según registros oficiales, ya había sido ejecutada años antes. Este tipo de inconsistencias refuerzan las irregularidades en la administración.
Otro caso bajo investigación refiere a la adquisición de cargas de ripio para caminos vecinales, donde existen indicios de que la obra no se habría ejecutado, pese a haberse realizado los pagos correspondientes, lo que nuevamente apunta a un posible perjuicio económico para la municipalidad.
En este contexto, la negativa a colaborar con la Contraloría General de la República no puede interpretarse como un hecho aislado o meramente administrativo. Por el contrario, es inadmisible. Un gobierno municipal debe basarse en la rendición de cuentas, el acceso a la información y el respeto a las instituciones. La transparencia no es opcional ni negociable. Es un principio básico de la función pública.
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