Y en una época en la que se fotografía, graba y expone hasta momentos íntimos registrados con el teléfono celular, la persona en cuestión podría exponer abundante material que documente sobradamente su condición de exestudiante, con compañeros, profesores y funcionarios universitarios como protagonista.
Pero he aquí que éste es un caso exactamente a la inversa: ante las razonables dudas y acusaciones sobre la inexistencia de sus estudios en derecho, el senador Hernán Rivas apeló a una serie de recursos judiciales para impedir aclarar su situación.
En lugar de exponer absolutamente todo y de forma pública para acallar a sus críticos, el político consiguió que algunos jueces impidan la discusión pública sobre su supuesta titulación como abogado.
Claro, llegado a este punto de discusión de lo obvio, es lógico suponer que si actuó en sentido exactamente contrario al que actuaría cualquier titulado universitario, es porque en realidad no hay nada que mostrar y mucho que esconder.
No es un caso menor, por decisión del oficialismo, conviene recordarlo, Rivas fue juez de jueces, presidente del órgano extrapoder que se encarga de pasar por el patíbulo a magistrados que no actúan conforme a derecho.
Es por eso que el requisito mínimo, elemental, es que el integrante de ese órgano tenga al menos una formación básica en el campo jurídico. Algo que claramente Rivas exhibió que no posee.
Ninguna vez fue preopinante, solo se adhirió a los votos de sus colegas, y aún es recordada aquella lamentable intervención en la que ni siquiera supo leer los nombres de figuras y principios jurídicos de uso habitual en litigios y presentaciones judiciales.
Es un escándalo tan indefendible y vergonzoso que ni el propio protagonista intenta defenderse.
Abrir la boca y responder preguntas sería una condena segura. Como aquel bochornoso episodio en el que fue entrevistado y no pudo dar nombres de compañeros ni profesores.
Esta semana lo vapulearon en el Senado, su colega Nakayama le dijo que el era una vergüenza, que los trataba de pelotudos a todos y que tenía que irse del Congreso.
Rivas solo respondió con la folclórica ley del ñembotavy, quizás esperando que otro escándalo más grande sepulte al suyo para que todos nos olvidemos de que un caso así en un país medianamente serio equivaldría a una serie de destituciones y juicios políticos.
Los senadores deberían sacarlo a patadas, nos decía hace algunos meses Arturo Daniel, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, quien esta semana en la 730AM también cuestionó silencio de gremios que deberían estar preocupados como las asociaciones de jueces, fiscales y defensores públicos.
“No sé cómo el Consejo de Superitendencia no se pone los pantalones… y decirle a la Corte Suprema: cancelémosle la matrícula y que el recurra, y sacarle ya definitivamente la matrícula de abogado” proponía también Daniel, recordándonos que podríamos tenerlo incluso nuevamente habilitado como abogado por la Corte Suprema de Justicia.
Su matrícula fue suspendida en setiembre de 2025 y esta semana el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón también recordó que está supeditada a la conclusión de ese mismo proceso penal.
El ministro reconoció que el expediente de la causa penal por el título falso, puede ser auditado por la Corte.
El último episodio es el de la resolución del Tribunal de Apelaciones, que por votos de dos jueces contra uno, resolvió sobreseer definitivamente al político.
El daño está hecho: al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la profesión de abogado, a la justicia, a la carrera de derecho, y vaya uno a saber a cuántos juzgados por el Jurado en los que el voto de Rivas fue fundamental para castigar o absolver.
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