El sistema de listas cerradas y desbloqueadas que rige hoy en Paraguay es cualitativamente superior, porque le devuelve al votante la capacidad de elegir al individuo y no solo al partido. Y precisamente porque ese sistema implica una cantidad enorme de variables, el voto en papel se volvería inviable: el escrutinio duraría días, generaría disputas interminables y abriría la puerta a irregularidades mucho más difíciles de auditar que cualquier vulnerabilidad informática. Las máquinas no son el problema del sistema; son la condición de posibilidad de su funcionamiento.
Dicho esto, reconocer que el voto electrónico es necesario no significa cerrar los ojos ante sus riesgos. Hay que distinguir entre dos tipos de críticos. El primero es el crítico técnico de buena fe: aquel que señala vulnerabilidades reales, que pregunta por los protocolos de seguridad o que exige auditorías del código fuente. A ese hay que escucharlo y responderle con seriedad. El segundo es el crítico político de mala fe: aquel que usa el cuestionamiento a las máquinas como vehículo para avanzar una agenda no declarada, que es la de volver a un sistema donde el control de la lista equivale al control del resultado. A ese hay que pedirle que sea honesto sobre lo que propone.
Uno de los argumentos que circula con más frecuencia es el de la vulnerabilidad del proceso ante un miembro de mesa sin suficiente capacitación técnica, como si ante una máquina sofisticada el ciudadano común no pudiera detectar el fraude. Pero ese argumento lleva a una conclusión contraria a la que sus promotores sugieren.
La respuesta correcta no es eliminar las máquinas, sino reforzar la transparencia del sistema para que la verificación no dependa de la capacidad técnica individual de ningún miembro de mesa. El comprobante en papel, la auditoría del acta digital y el acceso real de los apoderados de todos los partidos a los registros son los mecanismos que hacen robusto al sistema. Exigir eso es legítimo y necesario. Concluir de ahí que hay que volver al voto en papel es un salto lógico que no se sostiene.
Ahora bien, la colaboración en este proceso no puede ser opcional ni selectiva. Todos los partidos y movimientos políticos tienen la obligación de participar activamente en la revisión y auditoría de las máquinas. Salir a patotear diciendo que no se permitirán exámenes ni verificaciones independientes no es una postura de fortaleza institucional: es exactamente la actitud que alimenta la desconfianza. Quien se niega a abrir el sistema al escrutinio ajeno lanza una señal inequívoca de que algo tiene que ocultar, aunque no sea así. La transparencia no se proclama; se demuestra con disposición real a ser controlado.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral no puede darse el lujo de administrar la desconfianza. Su rol no es coexistir con las dudas ciudadanas, sino eliminarlas: abriendo el código de las máquinas a auditoría técnica independiente, estableciendo protocolos claros y públicos de custodia de los dispositivos, y garantizando que los partidos políticos y los observadores internacionales tengan acceso real y no simbólico a los mecanismos de verificación.
La legitimidad electoral no es solo una cuestión de resultado correcto; es también una cuestión de proceso creíble. Paraguay construyó un sistema electoral moderno que vale la pena defender. Pero defenderlo no significa protegerlo de las preguntas: significa hacerlo suficientemente sólido como para responderlas todas.
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