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En el marco del caso Alfacom, el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Andrés Arriola, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial solicitando la anulación y suspensión del efecto del AI N° 63, emanada por el Tribunal de Apelación integrada por los magistrados Gustavo Ocampos, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez Faría.
La citada resolución judicial revocaba el AI N° 134 del juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás, quien rechazó el recurso de reposición relacionado a la devolución de varios vehículos de alta gama, por pedido de los procesados Alfredo Galvilisis Ramírez y Graciela ester Paniauga de Gavilisis, a través de su abogado defensor César Alfonso.
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El abogado Alfonso había señalado como agravio la decisión judicial ya que lo resuelto privaba a su cliente derecho “de recuperar la posesión de los vehículos de propiedad de su empresa, incautados por el Ministerio Público y entregados en administración a Senabico, e igualmente del derecho de recobrar la administración de la misma, Alfacom SRL”.
“Las medidas mencionadas fueron dispuestas por el Juzgado por AI Nº 483 del 9 de junio de 2021, a requerimiento de la Fiscalía, al iniciarse la presente investigación y se mantienen vigentes” a pesar de que el juzgado dispuso el sobreseimiento provisional de los imputados y el levantamiento de las medidas cautelares, por A.I. N° 417, que quedó firme, según refirió Alfonso.
Fiscal ataca decisión del Tribunal de Apelación
En su escrito dirigido, para su análisis, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal señaló que “el órgano revisor al tomar tal decisión en primer término desnaturaliza la figura del sobreseimiento provisional que como se dijera anteriormente no implica el cierre definitivo del proceso”.
Amplió con que esto “cercena la posibilidad de que el Ministerio Público propicie una investigación patrimonial o financiera sobre los bienes presuntamente producto ilícito del lavado de activos”.
En el presente caso están procesados Alfredo Galvalisis Ramírez, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, y Priscila Ramona Zárate Velázquez. El matrimonio figura como propietaria de la firma indagada “Alfacom SRL”, mientras que la última citada, se habría desempeñado como gerente de la misma.
En su escrito el fiscal Arriola refirió que al momento de su constitución, en 2007, el capital fue de G. 301.000.000 y al término del ejercicio 2015 el capital ascendió a la suma de G. 6.511.000.000, es decir, tuvo un crecimiento exponencial de G. 6.210.000.000 que representa un 2063%, o sea, su capital se incrementó 20 veces más en solo 8 años.
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Fiscal no contestó apelación
En atención al levantamiento de medidas ordenada por el juzgado, el abogado Alfonso solicitó al juzgado la devolución de los vehículos y de la administración de Alfacom SRL, pedido que fue sustanciado en dos oportunidades, corriéndose traslado al Ministerio Público. Sin embargo, el fiscal Juan Ledesma, no contestó lo planteado alegando que su intervención es provisoria y que la causa es voluminosa.
El fiscal Andrés Arriola había señalado a ABC, sobre esa falta de respuesta, que no tuvo intervención en este estadio procesal ya que se encontraba recusado y al volver de un viaje a Hungría, fue notificado de que el 28 de marzo, la Fiscalía General le confirmó en esta causa.
El fiscal recordó que dos días antes de la fecha fijada por el juez José Delmás para que la fiscalía presente un escrito conclusivo, la fiscala Lorena Ledesma fue recusada.
Indicó que fue asignado en el caso por el fiscal adjunto antidrogas Marco Antonio Alcaraz y que resolvió pedir sobreseimiento provisional porque estaban pendientes varias diligencias.
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Conocidos criminales operaban supuestamente con Alfacom
La empresa Alfacom SRL, habría sido una intermediaria en la compra y venta de bienes, a través de operaciones que presuntamente eran respaldadas con dinero proveniente de grupos criminales dedicados al narcotráfico. Así también, esta habría actuado de enlace en la compra de rodados ante las concesionarias Toyotoshi, Garden Automotores, Cuevas Hermanos y otras, para luego venderlos nuevamente a grupos de personas físicas y jurídicas relacionadas a actividades criminales.
De acuerdo con datos de la investigación, los paraguayos que habrían operado con Alfacom SRL, figuran a Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, quien había sido investigado por el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, ocurrido en en Yby Yaú.
También fue señalado Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, sospechoso de haber ordenado el crimen del periodista Leo Veras, registrado en Pedro Juan Caballero. Ryguasu fue asesinado de 34 balazos, en el estacionamiento de un supermercado de la capital, el pasado 28 de febrero.
Asimismo, los brasileños del clan García Morínigo, cuyos líderes están recluidos en su país y se presume, serían los verdaderos dueños de la playa de venta de vehículos investigada. Otros integrantes de la organización fueron acusados por la fiscala Fabiola Molas y el fiscal Isaac Ferreira.
Otros referentes del ámbito criminal
La nómina continúa con los brasileños Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro; Elton Leonel Rumich Da Silva, alias Galán, y Levi Adriani Felicio, alias Patrão, todos presos en su país y quienes justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados al grupo PCC que operaron en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.
Igualmente, se citan a algunos tentáculos del famoso narco brasileño preso Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y al conocido empresario fronterizo Antonio Joaquín Da Motta, quien había sido arrestado en Ponta Porã por el famoso caso del Lava Jato del Brasil, a través de sus conexiones declaradas con Darío Messer.
Otros que habrían usado a Alfacom SRL para comprar imponentes vehículos con dinero sucio son el brasileño Marcel Martins Silva, quien sobrevivió a un atentado en 2017 en Pedro Juan Caballero, y el paraguayo Arnaldo Jeremías Ramón Martins Recalde, quien también salió vivo de un ataque a tiros de sicario en 2019 en Asunción. Estos dos son considerados miembros neurálgicos del clan Pavão comandado por el capo Jarvis Chimenes Pavão, quien fue extraditado a Brasil en 2017.