Imputados por compras de vehículos de alta gama con dinero del crimen organizado

La Fiscalía imputó por lavado de dinero y asociación criminal y pidió cárcel para tres directivos de una playa de venta de vehículos de Pedro Juan Caballero que supuestamente compraba con dinero sucio automóviles y camionetas de alta gama para grandes jefes del crimen organizado fronterizo.

Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años.
Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años.

Los procesados son Alfredo Galvalisis Ramírez, de 50 años, su esposa Graciela Ester Paniagua de Galvalisis, de 55 años, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, de 44 años.

El matrimonio figura como dueño de la empresa investigada, Alfacom SRL, mientras que Priscila aparece como la gerente general de la firma.

La empresa Alfacom SRL ya había sido intervenida el 11 de setiembre del año pasado en el marco de la operación Status de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que desmanteló una enorme estructura que supuestamente blanqueaba el dinero de grandes narcotraficantes de Brasil.

En aquel operativo cayeron en Pedro Juan Caballero Emidio Morínigo Ximenes y sus hijos Kleber García Morínigo y Jefferson García Morínigo, todos brasileños, quienes serían los verdaderos “patrones” de la estructura, aunque también resultó detenido cuando eso el paraguayo Julio César Duarte Servián, uno de los dueños de la casa de cambios Zafra Cambios, supuestamente usada para esconder el dinero conseguido con la venta de drogas.

Los tres imputados de ahora, Alfredo Galvalisis Ramírez, Graciela Ester Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate Velázquez, son los que en los papeles aparecen como los que manejan la empresa Alfacom SRL.

La imputación presentada el 7 de julio pasado por la fiscala Lorena Ledesma dice que estas tres personas “intermediaron como compradores de vehículos ante las grandes concesionarias del país, como Toyotoshi, Garden Automotores, Cuevas Hermanos y otras, adquiriendo vehículos de alta gama de estas casas para los prestanombres, accionistas o personas jurídicas de fachada de varias organizaciones criminales y así evitar que las concesionarias efectúen el análisis del perfil financiero de los adquirientes reales, y de esa manera ocultar el producto del tráfico de drogas e integrar esas sumas de dinero al sistema económico nacional”.

El asesor jurídico Edgar Bastos, en representación de las concesionarias Garden Automotores y Cuevas Hermanos, declaró a ABC que todas las operaciones hechas con esta firma (por Alfacom SRL) fueron efectuadas en el marco de la legalidad, aunque por razones de confidencialidad no se pueden revelar detalles de las transacciones, salvo a las autoridades competentes.

Puntualmente, sobre Garden Automotores, el abogado aclaró que ya recibieron un requerimiento de la unidad fiscal investigadora, que fue contestado en tiempo y forma.

Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Toyotoshi, Oscar López, indicó a ABC que todas las consultas que se realizaron y se realizan desde la Fiscalía también son respondidas siempre en tiempo y forma.

Los citados en la imputación

La propia Fiscalía cita en el acta de imputación a una serie de supuestas organizaciones criminales y sus respectivos cabecillas que aparentemente usaban a Alfacom SRL para las operaciones financieras ilegales. La citada firma, a propósito, se constituyó con un capital inicial de G. 300 millones y aumentó a G. 6.511 millones en 2013, según el Ministerio Público.

Entre los paraguayos que supuestamente operaban con Alfacom SRL, el Ministerio Público menciona por ejemplo a Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, quien había sido investigado por el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, ocurrido en en Yby Yaú.

También está Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, sospechoso de haber ordenado el crimen del periodista Leo Veras, registrado en Pedro Juan Caballero.

Asimismo, figuran los brasileños del clan García Morínigo, cuyos miembros ahora recluidos en su país serían los verdaderos dueños de la playa de venta de vehículos investigada.

La nómina sigue con los también brasileños Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro; Elton Leonel Rumich Da Silva, alias Galán, y Levi Adriani Felicio, alias Patrão, todos presos en su país y quienes justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados del PCC que operaron en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

Igualmente, se citan a algunos tentáculos del famoso narco brasileño preso Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y al conocido empresario fronterizo Antonio Joaquín Da Motta, quien había sido arrestado en Ponta Porã por el famoso caso del Lava Jato del Brasil, a través de sus conexiones declaradas con Darío Messer.

Otros que habrían usado a Alfacom SRL para comprar imponentes vehículos con dinero sucio son el brasileño Marcel Martins Silva, quien sobrevivió a un atentado en 2017 en Pedro Juan Caballero, y el paraguayo Arnaldo Jeremías Ramón Martins Recalde, quien también salió vivo de un ataque a tiros de sicario en 2019 en Asunción. Estos dos son considerados miembros neurálgicos del clan Pavão comandado por el capo Jarvis Chimenes Pavão, quien fue extraditado a Brasil en 2017.

Según descubrió el equipo encabezado por la fiscala Lorena Ledesma, Alfacom SRL compraba al contado vehículos de alto valor de las grandes concesionarias de Asunción, presuntamente ya con el dinero entregado por los mafiosos, y después supuestamente les revendía esos mismos rodados por un precio levemente superior, para así también declarar una ganancia y que las constantes transacciones no levanten sospechas.

Sin embargo, estas supuestas ventas de vehículos a favor de los capos se hacían con créditos financiados en largas cuotas y bajo el sistema de prenda, como para que si estos rodados resultaran incautados posteriormente en algún operativo la empresa Alfacom SRL pueda recuperarlos alegando que aún no cobró todo por ellos.

La investigadora del Ministerio Público tiene en su poder incluso algunas escrituras y transferencias hechas directamente por las grandes concesionarias de la capital del país a favor de poderosos narcos, como el propio Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien usaba para las transacciones su cédula paraguaya a nombre de Celso Matos Espíndola.