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Por Auto Interlocutorio (AI) N° 253 del 11 de abril de 2024, el juez Penal de Garantías Nº 12 Abg. José Agustín Delmás Aguiar, tras la audiencia de imposición de medidas, dispuso que la actuaria judicial Juliana Romero Maciel (44) sea remitida al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, por 15 días , y si no hay resolución en contrario, la misma deberá pasar a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Mujeres Casa del Buen Pastor, donde permanecerá en libre comunicación y a disposición del juzgado.
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El juez Delmás Aguiar también ordenó que la jefa del Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional arbitre los medios necesarios para el cuidado de la salud de la citada imputada. Agrega que en caso de urgencia deberá ser trasladada a un centro asistencial de salud, conforme al dictamen del médico forense del Poder Judicial Dr. Rosalino Pintos, y en este caso se deberá comunicar inmediatamente al juzgado.
Peligro de fuga y obstrucción
En su argumentación para decretar la prisión preventiva de la actuaria, el juez Delmás Aguiar sostuvo que existen hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga, o la posible obstrucción por parte de la imputada de un acto concreto de investigación.
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En su imputación, la fiscala Ruth Benítez había requerido la prisión preventiva para la funcionaria judicial.
La causa judicial está caratulada “Juliana Romero Maciel s/sabotaje a sistemas informáticos y otros”, Expediente Nº 1074/2023.
Antecedentes del presunto sabotaje para ayudar a RGD
El 1 de noviembre de 2023, la fiscala Ruth Benítez imputó a la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, del Tribunal de Sentencia N° 21 de Asunción, por la supuesta comisión de los hechos punibles de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, como sospechosa principal de la modificación de un expediente de Ramón González Daher en el sistema Judisoft.
De acuerdo con lo que se señala la imputación, la investigación se inició el 30 de agosto del año pasado por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos, contra personas innominadas en ese entonces, tras la denuncia hecha precisamente por Romero Maciel ante la oficina de Mesa de Entrada de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público.
Como presunta coartada, la actuaria había manifestado en esa ocasión que personas extrañas accedieron al sistema Judisoft (del Poder Judicial) con su clave y usuario, sin su consentimiento. Los supuestos desconocidos modificaron datos como el número de causa, año y carátula, de la causa N° 1.075/2021 caratulada “Ramón González Daher s/ testimonio falso” fue reemplazada por la causa N° 2.310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”.
Es así que, ante las sospechas surgidas tras las declaraciones testimoniales que se tomaron a funcionarios del mismo equipo de trabajo y que no coincidían con el relato de la denunciante, la agente del Ministerio Público se constituyó en las instalaciones del Poder Judicial para recabar mayores datos sobre el hecho investigado.
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Modificación con intenciones de ocultar el expediente
La imputación describe que la modificación se realizó el 16 de agosto de 2023, exactamente a las 9:16:17, dentro del Sistema de Gestión Jurisdiccional (Judisoft) del Poder Judicial, a través del usuario individualizado como “User FuncPJ_3663″, perteneciente a la actuaria judicial Juliana Romero, quien habría alterado los datos sin autorización y aprovechándose de las atribuciones concedidas dentro del sistema informático.
Según informó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio Público, el perfil “User FuncPJ_3663″ cuenta con dos atributos, el primero le permite modificar datos del caso, como información general, objeto de la causa, movimientos, entre otros, en tanto que el segundo, le posibilita cambiar datos de las partes y el número de expediente.
La hipótesis acerca de la perpetración de la maniobra que tiene el Ministerio Público es que, al reemplazar la denominación de una causa por otra, se lograría el extravío digital del expediente judicial en el sistema Judisoft, además, esto traería aparejado que al momento de consultar antecedentes relacionados a este caso sobre Ramón González Daher, ya no figuraría en el sistema informático.
La fiscala obtuvo información sobre que al mismo Tribunal de Sentencia también fue asignada otra actuaria identificada como Adriana Sánchez, con quien Juliana Romero tenía turnos intercalados según el libro de “Recepción de Expedientes”. En ese sentido se tiene que el expediente de González Daher habría sido asignado en principio a Sánchez, pero luego quedó a cargo de Romero, por pedido de esta.
Actuaria habría omitido detalles
El expediente de Ramón González Daher fue recepcionado por la actuaria Juliana Romero, el 8 de agosto de 2023, y esta al momento de anotar el mismo asentó su recepción en forma detallada e incluso los cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.
Romero habría registrado en el cuaderno citado que el expediente incluía el “Tomo II”, con las fojas 201 al 270; y en el Tomo III, las fojas 401 al 600, resultando así aparentemente un faltante de 30 fojas en el Tomo II, cuya observación no habría sido asentada por la actuaria Juliana Romero.
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El presunto descuido de la actuaria judicial, habría llamado la atención de sobremanera, en atención a que dicho acto no habría sido el único omitido por esta, ya que aparentemente Romero tampoco habría realizado la primera providencia de recibido con relación al expediente de González Daher, pese a su experiencia en el cargo que ocupa desde 2012.
La imputación también agrega que en sus años de carrera como actuaria Juliana Romero habría demostrado su personalidad detallista en sus laborales-muy especialmente en dicho expediente- sino también habría sido poseedora de todos los conocimientos relativos al sistema informático Judisoft, puesto que aparentemente prohibía a sus compañeros se compartan las claves de acceso.