El próximo sábado se cumplirá un mes desde que Almir de Brum fue tomado por la fuerza mientras trabajaba en el cultivo de su familia, en la zona de Curuguaty.
El productor de 31 años, padre de familia, seguiría con vida, según indicó este viernes el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Alberto Gaona.
“Presumimos que se encuentra aún con vida”, sostuvo.
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Sin contacto de los captores
La presunción de las fuerzas de seguridad se mantiene a pesar de que, hasta la fecha, no se ha recibido ninguna información concreta sobre el secuestrado: no hubo prueba de vida ni tampoco un pedido de rescate.
Gaona explicó que existen indicios que apuntan a que la víctima seguiría con vida y que, en cualquier momento, podrían surgir confirmaciones o exigencias por parte del grupo criminal, como el monto de un eventual rescate.
“Todavía no se recibió ningún pedido de rescate, ninguna exigencia ni tampoco ellos ofrecieron una prueba de vida”, mencionó.
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Indicios y trabajo de inteligencia
Los indicios manejados por las autoridades provienen de datos recabados por el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI) y el Departamento Antisecuestro de la Policía (DAS).
En ese contexto, el comandante del CODI señaló que se mantiene el repliegue de las fuerzas de seguridad en atención al pedido de la familia, aunque subrayó que las tareas de inteligencia continúan de forma paralela.
Secuestrado hace casi un mes
El presunto secuestro ocurrió el 21 de febrero, alrededor de las 16:40, en la zona de Yerutí 2ª Línea, departamento de Canindeyú, en cercanías de la Subcomisaría 19 Agua’e.
La víctima fue reportada como desaparecida por su padre, Valmir de Brum, luego de que no respondiera llamadas telefónicas.
Al llegar al lugar, su padre encontró la máquina cosechadora en funcionamiento y un panfleto presuntamente vinculado al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según el informe de la Dirección de Policía de Canindeyú.
Panfletos atribuidos al EPP
Los panfletos hallados en el sitio mencionan que el despojo de viviendas a campesinos constituye una “deuda de sangre con el pueblo”, cuyo cobro “no tiene plazo”.
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En la carta adjunta, el EPP señala que la víctima fue secuestrada por la organización y advierte al productor que deberá acatar futuras instrucciones si desea recuperar a su hijo con vida.