El proceso penal contra el personal de alto rango de la Policía Nacional volvió a registrar una nueva dilación luego de que este jueves se suspendiera por sexta vez la audiencia preliminar prevista ante el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica.
El uniformado enfrenta acusación por presunto abuso sexual en niños, causa en la que la víctima es su propia hija adolescente. La abogada querellante, Rossana Figueredo, denunció que la defensa continúa recurriendo a mecanismos dilatorios para evitar que la causa avance hacia juicio oral y público.
Según explicó, el acusado designó recientemente como nuevo defensor a un abogado que tendría causales de inhibición con el juez penal de garantías Marcelo Ramírez, magistrado que inicialmente llevaba adelante el proceso. A raíz de esa situación, el expediente pasó posteriormente a manos de la jueza Marcela Mallorquín.
Sin embargo, la magistrada impugnó las inhibiciones planteadas en la causa, argumentando que no corresponde la designación de abogados que posean causales de inhibición con el juzgador natural del proceso.
La querella sostiene que los continuos cambios de abogados forman parte de una estrategia destinada a postergar indefinidamente la audiencia preliminar.
El caso es investigado por las agentes fiscales Noelia Soto y Marta Leiva. De acuerdo con los antecedentes del expediente, las dos primeras suspensiones fueron solicitadas por el propio Ministerio Público, mientras que la tercera obedeció a problemas de salud alegados por el acusado.
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Las últimas suspensiones, en cambio, estuvieron vinculadas directamente a sucesivos cambios de representantes legales de la defensa.
En la audiencia preliminar deberá resolverse si la causa es elevada o no a juicio oral y público, como solicita la Fiscalía tras concluir la etapa investigativa.
Debido a los agravantes incluidos en la acusación —hechos reiterados y cometidos contra la propia hija del acusado—, la expectativa de pena oscila entre 15 y 20 años de prisión.
Relato fáctico
Según la investigación fiscal, los presuntos abusos habrían comenzado en marzo de 2021, cuando la víctima tenía 13 años. La acusación sostiene que los hechos se habrían prolongado hasta el año 2023, intensificándose progresivamente dentro del entorno familiar.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por el Ministerio Público, la adolescente habría relatado lo sucedido a su madre luego de la separación de sus padres, situación que derivó en la denuncia penal.
Durante la investigación, la Fiscalía reunió declaraciones testificales, informes psicológicos, dictámenes médicos forenses y otras evidencias que, según afirmó, acreditan la existencia del hecho punible.
La fiscal Noelia Soto ya presentó acusación formal contra el uniformado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Mientras tanto, el acusado continúa cumpliendo prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por disposición del Juzgado Penal de Garantías, atendiendo la gravedad de los hechos investigados y el riesgo procesal existente.