La Fiscalía se encuentra allanando en estos momentos la sede de la Cooperativa Multiactiva de Lambaré Ltda., en el marco de una investigación abierta tras una denuncia penal presentada por tres miembros del Consejo de Administración contra principales directivos de la entidad.
Una de las denunciantes, Carla Wormsbecker, confirmó que el procedimiento fiscal se realiza luego de la presentación de una denuncia por presunta lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso ante el Ministerio Público.
La acción fue promovida por Wormsbecker junto con Miguel Ángel Cayetano Gaete Barrios y Delfina Zárate de Figueredo, miembros del Consejo de Administración.
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Denuncia apunta a presidente, gerente y consejeros
La denuncia solicita la investigación y detención preventiva del presidente del Consejo de Administración, Néstor Moragas Ferreira; del gerente general, Eduardo Valenzuela, y de los consejeros Heriberto Gamarra, Milcíades Benítez y Gladys Gulino.
Los denunciantes sostienen que existirían presuntas irregularidades en una operación financiera vinculada a la transferencia de una cartera de créditos de la cooperativa.
Venta de cartera de créditos genera cuestionamientos
La denuncia sostiene la venta irregular de una cartera de créditos cuyo valor original ascendía a G. 61.084.219.580 a la firma Compañía Administradora de Riesgos S.A. (CARSA).
Según la presentación realizada ante la Fiscalía, la operación involucró más de ocho mil pagarés activos, que fueron transferidos por un monto de G. 4.227.249.591, equivalente al 7% de su valor nominal.
Los denunciantes afirman que la diferencia entre el valor de la cartera y el monto recibido representa un supuesto perjuicio patrimonial directo para la cooperativa de G. 56.856.969.989.
Denunciantes cuestionan necesidad comercial de la operación
Los miembros del Consejo de Administración que impulsaron la denuncia señalan que la venta de los créditos no tendría una justificación comercial, debido a que la Cooperativa Lambaré es propietaria del 80% de las acciones de su empresa de cobranzas, CEO S.A.
Según argumentan, dicha firma contaba con recursos para realizar la recuperación de los créditos de manera interna, sin necesidad de transferir la cartera a un tercero.
Denuncia señala posible alteración de indicadores financieros
De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía, la operación habría tenido como finalidad obtener liquidez inmediata y reducir de manera artificial los índices de morosidad ante una eventual fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
Los denunciantes también mencionan supuestas discrepancias entre los balances financieros presentados y la situación real de los activos transferidos.
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Estas observaciones derivaron en la suspensión de la última Asamblea Ordinaria de la institución, según consta en la denuncia.