El asalto investigado se produjo el 1 de julio pasado sobre la Ruta PY08, en el municipio de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.
El móvil atacado fue un blindado de la empresa de seguridad Yrendagüe SA que salió de Ciudad del Este y que debía llegar a Pedro Juan Caballero.
El carro fuerte fue rociado a tiros, pero el blindaje resistió y permitió que el conductor y los guardias llegaran a la comisaría de Yayaity del Norte, donde pidieron ayuda.
Para sorpresa de todos, el blindado no llevada dinero, sino 59 cajas de cartón que a su vez contenían celulares iPhone, así como medicamentos adelgazantes a base Tirzepatida, transportados sin la cadena de frío obligatoria y además muchos de ellos ingresados al país de contrabando.
A raíz de estas irregularidades, la carga quedó incautada y traída al depósito de la DNIT, en Mariano Roque Alonso, de donde fue robada por otro grupo tipo comando una semana después.
Pero volviendo a la banda que atacó el blindado en Yataity del Norte, policías del Departamento de Investigaciones de San Pedro encontraron abandonados y quemados cuatro vehículos usados por los piratas del asfalto.
Mediante el seguimiento que hicieron con cámaras de seguridad, los policías pillaron que varios de los asaltantes fueron rescatados de la zona en un vehículo Toyota Wish blanco, que fue incautado el 9 de julio pasado en una serie de allanamientos en Itauguá, cuando se encontraba en poder de uno de los presuntos autores materiales del atraco, Víctor Ramón Benítez Estigarribia, de 35 años.
Ayer, 17 de julio, los policías de Investigaciones de San Pedro allanaron el desarmadero San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo, donde apresaron a los administradores del negocio, Félix Eduardo Franco Cardozo, de 43 años, y Eliana Antonella Martínez Torales, de 25 años, quienes según los datos recibieron ese vehículo Toyota Wish en carácter de empeño poco antes del asalto en Yataity del Norte.
Como ambos no pudieron justificar a quién le dieron el vehículo, que después se usó en el asalto, quedaron pegados a la investigación.
De hecho, el fiscal de San Estanislao, Cristian González, los imputó por asociación criminal. El agente del Ministerio Público requirió prisión preventiva.