El ataque se produjo el martes de noche en el puesto policial 4 de la colonia Naranjito del distrito de Ybyrarobaná, en el departamento de Canindeyú.
Los asesinados fueron el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios, de 40 años; suboficial inspector Herminio Ojeda González, de 33 años, y el civil Josemar Escobar Piris, de 37 años.
Atilio fue derribado de un balazo y luego rematado con otro tiro de gracia en la cabeza. Herminio fue derribado de un balazo y luego ejecutado con otro disparo adentro de la boca. Ambos fueron quemados posteriormente. Josemar fue eliminado con un solo balazo. No le prendieron fuego.
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Los sobrevivientes son el suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, de 47 años, y suboficial inspector Édgar Adalberto Núñez Vázquez, de 36 años.
Víctor fue herido con una escopeta y se salvó tras fingir su muerte. Édgar salió ileso ya que corrió cuando empezó la balacera.
Armas utilizadas en el ataque al puesto policial de Colonia Naranjito, Canindeyú
Los terroristas usaron fusil calibre 7.62, fusil calibre 5.56, escopeta calibre 12 y pistola calibre 9 milímetros.
Las vainas (bala piré) expulsadas por estas armas fueron recogidas de la escena y analizadas por la Dirección de Criminalística de la Policía, mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).
El resultado refiere que uno de los fusiles calibre 5.56 que se usó el martes de noche en el ataque al puesto policial 4 de la colonia Naranjito se disparó también el 3 de mayo de 2025 en el ataque a la subcomisaría 10 de la colonia Ybyrarovana’i, situada en el mismo municipio, a 21 kilómetros de distancia.
Aquel atentado fue cometido por el EPP, según las panfletos encontrados en el lugar. Cuando eso también se hallaron restos de un explosivo y una cámara filmadora que los terroristas olvidaron en su huida.
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Según la correlación balística, uno de los fusiles calibre 7.62 que se empleó en el ataque al puesto policial 4 de la colonia Naranjito también se usó el 24 de abril de 2020 en un enfrentamiento entre campesinos radicalizados y policías de Investigaciones, en la comunidad indígena Punta Pistola del ahora distrito de Laurel, siempre en el departamento de Canindeyú, a 30 kilómetros de distancia.
Aquella vez, la Policía informó que los atacantes eran miembros de un grupo de campesinos radicalizados que supuestamente también protegían plantaciones de marihuana.
Después de ese enfrentamiento, la Policía hizo incursiones en busca de los atacantes en la zona del asentamiento Primero de Marzo, situado ya en el distrito de Ybyrarobaná, cerca de la colonia Naranjito, pero sin éxito.
La información que se tenía en aquella época era que los atacantes de los policías de Investigaciones se refugiaron en el asentamiento Primero de Marzo. Esos atacantes serían los mismos que ahora mataron a dos policías y un civil en la colonia Naranjito.
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El asentamiento Primero de Marzo es desde hace varios años escenario de un conflicto por tierras, protagonizado por campesinos que pretenden ocupar terrenos cercanos, como el de la estancia Pindó, que queda frente mismo al puesto policial de la colonia Naranjito.
Comunicado de la estancia Pindó
Justamente, hoy jueves, la estancia Pindó emitió un comunicado sobre el ataque al puesto policial, debido a que “el hecho sucedió frente a la estancia y los agresores sicarios salieron y volvieron a ingresar luego del ataque al interior de Pindó”.
Sobre la eventual relación entre el EPP y los campesinos radicalizados, la estancia Pindó sostiene que “plantear esa conexión como una hipótesis seria, merece una investigación urgente, apoyándose en los antecedentes ya documentados en la causa Pindó”.
Como elementos relacionados, la estancia recuerda en su comunicado que “los ocupantes ilegales destruyeron sistemáticamente retiros, alambrados, viviendas, instalaciones rurales, infraestructura y demás bienes pertenecientes a la estancia, ocasionando cuantiosos daños materiales que fueron oportunamente denunciados”.
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“¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder. Durante años se ha denunciado la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú“, refiera el pronunciamiento de la estancia.
“No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y la Fuerza de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, exigen los directivos de la empresa que administra las tierras por donde escaparon los miembros del EPP.
