El Ministerio Público formuló una nueva imputación en el marco de la causa Ueno Bank, un proceso judicial que afecta directamente al expresidente de la República Santiago Peña, al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo y a los otros cuatro exdirectivos de la banca matriz: el exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán y los exmiembros del directorio Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González.
Según informó el fiscal Christian Benítez, integrante del equipo investigador junto a las fiscalas Silvia González, Veronica Valdés, Laura Giacummo y Marlene González, el Ministerio Público amplió la plataforma fáctica e incorporó formalmente el hecho punible de asociación criminal para todos los procesados en la causa N° 92/2026.
De acuerdo con el detalle brindado por el agente fiscal, la imputación base es por lesión de confianza y asociación criminal, que abarca a toda la cúpula investigada. No obstante, Benítez precisó que las calificaciones jurídicas varían según el grado de participación de cada exautoridad.
A uno de los exdirectivos detenidos recientemente se le atribuyen cuatro tipos penales, asociación criminal, lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, mientras que a los otros dos exmiembros del directorio se les imputa lesión de confianza y asociación criminal.
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Medidas cautelares y resguardo patrimonial
Ante la gravedad y el volumen de las conductas atribuidas, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el exdirectivo que concentra mayor cantidad de hechos punibles y circunstancias fácticas.
Para los otros dos exintegrantes del directorio del BCP, el requerimiento fiscal consiste en arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Asimismo, con el objetivo de “precautelar eventuales reparaciones del daño ocasionado o un análisis eventual de comiso de bienes”, Benítez confirmó que se solicitó la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias, además de medidas ante la Dirección General de los Registros Públicos (prohibición de innovar y contratar) “a los efectos de salvaguardar el patrimonio y las eventuales recuperaciones de activos en el marco de esta causa”.
Consultado sobre el impacto procesal de esta ampliación para Santiago Peña, el fiscal explicó que no modifica el marco penal máximo: “En realidad no hay una modificación sustancial en el marco o en la expectativa de la pena porque de igual manera la expectativa de pena seguía siendo de 15 años de pena privativa de libertad y con la asociación criminal sigue siendo igual de 15 años de pena privativa de libertad”.
Añadió además que tanto la lesión de confianza como la asociación criminal son hechos punibles precedentes del lavado de activos, por lo que no existe diferencia en ese aspecto.
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Abstención de declarar y etapa jurisdiccional
Respecto a las audiencias indagatorias desarrolladas en la sede fiscal, el agente fiscal señaló que los comparecientes se abstuvieron de prestar declaración, mientras que uno de ellos solicitó la suspensión de su audiencia para una nueva fecha.
Por otra parte, evitó individualizar quiénes recibieron el pedido de prisión preventiva para preservar el principio de presunción de inocencia y evitar eventuales recusaciones.
Finalmente, el representante del Ministerio Público remarcó que la definición sobre la aplicación de las medidas cautelares, incluyendo el régimen de reclusión del exmandatario, es “una decisión jurisdiccional que compete exclusivamente al Juzgado Penal de Garantías”, y declinó anticipar futuros operativos por “una cuestión de resguardo de la información y de precautelar la investigación”.