Un Juzgado hizo lugar ayer, viernes, a un pedido del Ministerio Público y ordenó la inhibición de enajenar y gravar bienes de muebles e inmuebles pertenecientes a Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora, exintegrantes del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP); y decretó también el embargo de los fondos en sus cuentas en el sistema financiero paraguayo.
Caballero, González y Mora fueron detenidos ayer, viernes, en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez. En el contexto de esa causa también están detenidos e imputados el expresidente del BCP Carlos Carvallo, el titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán; y el expresidente de la República Santiago Peña, además de varios exdirectivos de Ueno Bank.
Marco Aurelio González, exprocurador general de la República, fue imputado por presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
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Liana Caballero – quien fue presidenta interina del BCP la semana pasada – y Miguel Ángel Mora, por su parte, fueron procesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
La orden del Juzgado
La respuesta del Juzgado al pedido de los fiscales ordena “la inhibición general de enajenar y gravar bienes de muebles e inmuebles” pertenecientes a los tres imputados, además del “embargo preventivo de los fondos existentes y los que pudieran ingresar en las cuentas corrientes, cajas de ahorro y productos financieros habilitados en el sistema bancario, financiero y/o cooperativo registrados a nombre de los imputados”.
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También ordena la “localización de otros bienes y derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados por medio del libramiento de oficio”.
“Tuvieron conocimiento directo y temprano” de la crisis de Ueno Bank, dice Fiscalía
El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay –con los imputados aún en su directorio– anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, poniendo fin a todas sus operaciones, con el argumento de que los índices de solvencia de esa entidad bancaria se deterioraron debido a que habría concedido de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.
La Fiscalía alegó en su orden de detención que los imputados “tuvieron conocimiento directo y temprano”, al menos desde diciembre de 2025, de la situación de insolvencia de Ueno Bank y las irregularidades relacionadas a los créditos a empresas vinculadas.
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A pesar de conocer esa situación, los directivos del BCP “omitieron implementar las medidas correctivas, cautelares y determinantes que sus atribuciones legales les imponían”, permitiendo “la subsistencia de operaciones irregulares y la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia” hasta que la situación financiera de Ueno Bank se volvió insostenible y obligó a la banca matriz a iniciar el procedimiento de resolución, con la consecuencia de graves perjuicios a los ahorristas y depositantes.
El colapso de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de usuarios del banco, además de los fondos que varias entidades del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.