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Exintendente Luis Yd irá a juicio oral en la causa por presuntos delitos ambientales

Luis Yd sonríe en camiseta amarilla, sentado frente a otro hombre de camisa azul en una mesa moderna con documentos y un portátil.
Exintendente de la ciudad de Encarnación Alfredo Luis Yd (Alianza). Gentileza

El exintendente Luis Yd (Alianza) irá a juicio oral y público en una causa por presunto delito ambiental en la que está imputado.

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La jueza Penal de Garantías Deyanira Villalba informó en audiencia preliminar la admisión de la acusación en contra del exintendente de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza), por presuntos delitos ambientales. El mismo se presentó en esta etapa previa con su representante legal, el abogado Luis Troche.

La acusación fue presentada por la fiscal de la Unidad Penal Nº 2 Especializada contra Delitos Ambientales, Angelina Arriola. El representante de la parte acusada indicó que la jueza comunicó la elevación de la causa a juicio oral.

La causa investigó la presunta comisión de hechos punibles contra el medio ambiente, establecidos en el artículo 200 del Código Penal, como el procesamiento ilícito de desechos y el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificados en el artículo 5, inciso e), de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

La causa investigada se relaciona con la gestión del vertedero municipal

Dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se verificó que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y de una propiedad perteneciente a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)

Relleno Sanitario de Encarnación.
Los funcionarios del Mades evaluarán si se cometen delitos ambientales en el relleno sanitario de Encarnación que requieran la apertura de un sumario y una investigación fiscal.

Durante el recorrido que hizo la comitiva fiscal con funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios mezclados con algunos residuos industriales y hospitalarios, sin criterios ambientales.

No se observó la compactación del suelo ni cañerías colectoras de líquidos lixiviados, chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio. Tampoco se contaba con documentos habilitantes de parte del Mades.

Apelarán la resolución, anunció abogado

El abogado Troche manifestó que no tiene sentido la acusación del Ministerio Público porque no existen elementos para comprobar la acción activa en detrimento del medio ambiente del jefe comunal.

Indicó que hubo sanciones contra la Municipalidad de parte del Mades, pero que las mismas eran leves y que estaban sancionando a la Municipalidad y no al intendente Luis Yd en particular.

Además, indicó que la propia acusación está siendo denunciada ante la Corte Suprema de Justicia y que todavía no se resolvió el acto de inconstitucionalidad, pero la jueza ya elevó la causa a juicio oral. Detalló que apelarán la resolución.

Reclamó, además, que se trata de una persecución política, así como la imputación por el derrumbe del edificio, que continúa su curso.

Contexto del presunto delito ambiental

La organización denominada Contraloría Ciudadana, cuyos líderes están vinculados a dirigentes colorados, denunció por presuntos delitos ambientales al intendente de Encarnación en el año 2023. Reclamaron el mal estado de la administración del sistema de recolección y disposición final de los residuos sólidos.

En junio de 2024, la fiscal Arriola imputó al jefe comunal tras una serie de inspecciones realizadas en el relleno sanitario y otras dependencias municipales.

Una manifestación de recicladores cerró el acceso del relleno sanitario. La protesta fue liderada por la organización Contraloría Ciudadana, que se oponía a la intención de Yd de aprobar una concesión del servicio de recolección y disposición de la basura de la ciudad.

En consecuencia, los entonces camiones recolectores municipales no podían entrar al vertedero por más de 15 días. Tuvieron que disponer los residuos en otras dependencias, como el taller municipal y el corralón. Esta crisis terminó con una inspección del Mades y con la investigación del exintendente municipal.

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