A través de Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, el expresidente se negó por tercera vez a comparecer ante la convocatoria de la CBI, argumentando lo expuesto en la resolución del juez Raúl Florentín, quien aseguró que el designado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos cuenta con fueros como senador vitalicio y puede negarse a asistir.
Ante la situación, el vicepresidente de la CBI, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, confirmó que presentaron una apelación el miércoles último contra la decisión del juez, alegando que Cartes está obligado a comparecer ante la comisión, independientemente a que tenga fueros o no, según lo establece la Constitución Nacional.
Aclaró que aunque Cartes no juró como senador vitalicio, ni siquiera los legisladores activos que tienen fueros pueden negarse a comparecer ante la convocatoria de la CBI, ya que la Constitución Nacional establece muy claramente que senadores, diputados y cualquier autoridad puede ser investigada por la comisión especial sin ser despojada de sus fueros.
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Explicó que los fueros de las autoridades electas les protege de procesos judiciales, que en este caso la investigación no es judicial, es meramente administrativa y que ni siquiera la conclusión tendrá una pena o condena.
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Puso como ejemplo el caso de Erico Galeano, quien siendo diputado en ejercicio, se vio obligado a comparecer ante la CBI, aunque no dio respuesta alguna. Agregó que todas las convocatorias de la CBI son para comparecencias de manera presencial, descartando la posibilidad de hacerla de manera virtual.
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CBI pidió declaraciones juradas de jefes policiales
Ávalos Mariño habló del pedido que realizaron sobre las declaraciones juradas de jefes policiales. Dijo que fundamentalmente obedecen al manejo de información extraoficial de que en zona de frontera algunos jefes policiales están muy estrechamente vinculados con organizaciones criminales.
Afirmó que eso muchas veces se refleja con un patrimonio desmedido por parte de las autoridades de seguridad. Por ese motivo se solicitaron las declaraciones juradas de los jefes policiales de la frontera, como también de otras zonas como el área metropolitana, en un periodo de 5 años, para hacer una evaluación del crecimiento patrimonial.