Denuncian caso de estafa ligado a síndico de quiebras cercano a Fretes

El propietario de una empresa de transporte denunció haber sido estafado por un grupo de abogados encabezados por Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras y protegido del denunciado Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia. El empresario entregó G. 100 millones para la realización de trabajos legales que nunca recibió. “Esto es una estafa. Me dejaron en la calle”, manifestó el hombre.

BLAS MANUEL VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ
BLAS MANUEL VELÁZQUEZ FERNÁNDEZArchivo, ABC Color

Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras, compueblano y protegido de Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está en el centro de una denuncia de un supuesto esquema de estafa denunciado por Silvio Lovera, empresario del rubro del transporte.

Velázquez le pidió G. 150 millones para solucionar problemas legales, pero los trabajos no fueron realizados y luego el equipo encabezado por el síndico de quiebras desapareció, de acuerdo con el relato del empresario.

Síndico de quiebras hizo ofertas de varias soluciones

Silvio Lovera es propietario de la empresa El Tara Transporte y Turismo, firma que explota el tramo Asunción-Quiindy. Fue precisamente cuando le debían renovar la licencia de explotación que empezaron los problemas, según relató ayer en conversación con ABC Cardinal 730 AM.

“Mi historia es muy profunda. Desde Dinatran me cancelaron la licencia fuera de tiempo”, comenzó relatando.

Lovera tenía abogados con los que ya estaba trabajando para tratar de solucionar la cuestión, pero aparecieron otros que se ofrecían a ayudarlo. Entre ellos, según su relato, estaba Blas Velázquez Fernández, síndico de quiebras.

Velázquez es oriundo de Quiindy, al igual que Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el síndico es considerado como mano derecha del miembro de la máxima instancia judicial.

“Yo les decía que ya tenía otros profesionales encargados, pero ellos insistieron. Se apersonaron en mi casa. Entonces tuve que darles la oportunidad, como son mis compueblanos”, afirmó.

“Me dijeron que se habían enterado que me habían jugado mucho los de la Dinatran, que era el momento para actuar y que ellos iban a ayudar para que me repongan el horario y hasta cobrarle a la institución los daños y perjuicios”, agregó.

Señaló que el grupo le dijo que debía entregar un poder al “tembiguái” (secretario), pero que todos estarían trabajando en el caso. El designado fue el abogado Juan Manuel Bareiro.

“Le di el poder para que pueda actuar en todas las instancias. Al final una jueza estableció algunas medidas, pero nos dimos cuenta que se hizo una licitación amañanada porque hubo mucha plata de parte del otro lado”, manifestó.

La amistosa “reducción”

“Esta gente me pidió el monto de G. 150 millones, pero me dijeron que iban a hacer (el trabajo) en 100 millones”, continuó relatando Lovera.

“De tanto que me apuré, quería resolver mi situación, me tuve que rebuscar, presté hasta de algunos usureros para no fallar con esta gente. Antes de que salga el fallo ya tuve que entregarles los G. 100 millones”, dijo.

El encargado de retirar el dinero fue Diego Isasi, cuñado de Blas Velázquez, presidente de la seccional colorada de Quiindy y esposo de una jueza de esa localidad.

“Blas es síndico de quiebras y es la mano derecha de Antonio Fretes”, sentenció.

Don Silvio presentó además impresiones de pantallas en las que se leía al propio Velázquez asegurarle que no lo iba a abandonar. También audios de parte de los miembros del equipo, incluidos el propio síndico de quiebras.

En el intercambio de mensajes vía WhatsApp, Lovera llegó incluso a enviar fotos de los fajos de dinero que debía entregar al equipo de Velázquez.

Sin embargo, luego de entregar el dinero, los abogados simplemente lo ignoraron. “Ellos me abandonaron, me dejaron en la calle. A Diego (Isasi) le entregué el dinero el 11 de octubre”, afirmó.

Esta es una estafa. Después esperaron los diez días de plazo para que vencieran las actuaciones. En realidad, Diego (Isasi) y Juan Manuel (Bareiro) vinieron unos días antes de que venza el plazo y me dijeron que busque otro abogado de confianza porque yo no confiaba en ellos, pero ya ni me atendían cuando los llamaba”, siguió.

Síndico pidió el dinero, pero “no para ellos”

“Blas Velázquez fue el que me pidió G. 150 millones por el trabajo. Me dijo ‘no es luego para nosotros’. Me pidió personalmente. Yo me fui a su casa”, recordó Lovera.0

Lovera manifestó que Velázquez le dijo que la jueza Sady Carolina Barreto Torres (primera instancia en lo Civil de Paraguarí) era quien recibiría el dinero y que consiguió una rebaja porque así se lo pidió.

La jueza, siempre según Lovera, llegó a dictar una medida cautelar, pero la misma debía ser confirmada días después. Fue entonces que los abogados, con Velázquez a la cabeza, dejaron de responder al empresario,

Vinculado a despojos

Este es un caso más en el que salta el nombre del síndico de quiebras Blas Velázquez Fernández. Entre 2020 y 2021, ABC Color se hizo eco de denuncias de personas que relataron que pagaron durante décadas las cuotas de terrenos ubicados en la zona de San Bernardino.

Los terrenos entonces quedaron en manos de la firma Carwa SA, propiedad de Eduardo Heisecke Mazó y la esposa de este, la escribana Ingrid Carolina Schauman.

Heisecke Mazó es socio comercial de Juan Carlos López Moreira, exjefe de Gabinete Civil del expresidente Horacio Cartes, gerente del Grupo Cartes, en Royal Seguros SA y otras varias empresas. Schauman, por su parte, es la escribana que durante años realizó la tramitación de varios de los documentos del condenado exsenador colorado cartista Óscar González Daher (+).

Velázquez autorizó la venta de los 140 inmuebles por un precio irrisorio.

La empresa del matrimonio Heisecke-Mazó se alzó con 140 lotes, algo así como 50.000 metros cuadrados por G. 480 millones.

Velázquez está ligado a la abogada Ana Mora, quien es representante legal de Heisecke y López Moreira.

El mismo Heisecke reconoció en 2018 que Mora era su abogada. En ese entonces eran salpicados por otro caso de despojo de inmueble, pero en Paso Yobái.

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