Esposa del asesor de Nenecho recibió G. 100 millones en efectivo de secretaria

Ruth Da Silva Almirón, esposa de Wilfrido Adrián Cáceres Flores (exadministrador y actual asesor del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez), recibió G. 100 millones en EFECTIVO de su secretaría Camila Ramírez, cuando le vendió los dos inmuebles en el barrio Lote Guasu de San Lorenzo. Así lo revela el dudoso contrato privado con fecha 13 de agosto de 2020 presentado por la mano derecha del jefe comunal asunceno a la Contraloría. Lo llamativo es que Camila Ramírez cerró el millonario negocio apenas dos meses después de cumplir 18 años.

Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR, cartista) junto a su exadministrador y principal asesor, Wilfrido Adrián Cáceres.
Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR, cartista) junto a su exadministrador y principal asesor, Wilfrido Adrián Cáceres.

Wilfrido Adrián Cáceres Flores -exadministrador y actual asesor del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (cartista)- presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) un dudoso contrato privado mediante el cual intentaba desligarse de la ostentosa mansión en la cual vive él con su esposa, Ruth Da Silva. Sin embargo, resultó que el acuerdo había sido se firmó con una joven de 18 años de nombre Camila Monserrat Ramírez Gómez, que coincidentemente era la secretaria del consultorio odontológico de Da Silva.

La mano derecha de Nenecho dijo al ente de control que este negocio inmobiliario se concretó el 13 de agosto de 2020 en plena pandemia del covid-19. Más sorpresivo es que Camila Ramírez cerró el trato pagando G. 50 millones por cada lote, G. 100 millones en total, en EFECTIVO, según el contrato de una hoja si protocolización de escribanía alguna.

Cáceres Flores y su imponente mansión

Cáceres Flores a través del acuerdo también buscaba desmarcarse de la imponente mansión. Y es que el documento que presentó menciona una venta realizada apenas dos meses después de la compra realizada por la misma pareja. Es decir, no había obra alguna.

Imágenes satelitales recolectadas por la CGR, precisamente, muestran que la construcción de la ostentosa vivienda comenzó entre setiembre y octubre de 2020. O sea fue luego de la supuesta adquisición de Camila Ramírez.

Lo llamativo es que el título de transferencia a favor de Camila Ramírez recién se firmó el 13 de setiembre de 2021. Trece meses después de la firma del contrato privado.

Para entonces, la vivienda ya estaba concluida. Incluso, según los vecinos, los huéspedes eran Wilfrido Adrián Cáceres Flores y Ruth Da Silva.

Otra cuestión curiosa de la escritura firmada el 13 de setiembre de 2021 por el matrimonio Cáceres-Da Silva a favor de Camila Ramírez es que en ningún párrafo se menciona el acuerdo privado firmado trece meses antes. Más dudoso es que incluso se transcribe que la vendedora (Ruth Da Silva) declara que recibió los G. 100 millones (de Camila Ramírez) antes del acto.

El contrato privado, sin embargo, señalaba que el precio de venta está fijado en G. 50 millones por terreno, G. 100 millones en total, “pagadero en efectivo, sirviendo el presente documento de suficiente recibo de pago”.

Para el ente de control el contrato privado adjuntado por el asesor de Nenecho en su descargo “no puede ser considerado como válido” porque no cuenta con la autenticación vía escribanía. A esto se suma que existen aparentes diferencias en las firmas con relación a otros documentos recolectados por el ente de control.

Investigación congelada en la Fiscalía

La Contraloría General presentó el 15 de julio de 2022 una denuncia penal contra Wilfrido Adrián Cáceres Flores por presunto enriquecimiento ilícito. Esto luego del examen de correspondencia realizado y el cúmulo de documentos recolectados por el ente de control sobre llamativos movimientos del asesor y su esposa, Ruth Da Silva.

La causa está en manos del fiscal Juan Ledesma, quien también tiene a su cargo la pesquisa sobre las compras realizadas por la Municipalidad de Asunción durante la pandemia. La comuna capitalina desembolsó más de G. 16.000 millones solo en el año 2020.

En ese lapso, se compraron saturómetros a G. 800.000 cada uno y detergentes franceses por G. 399.000. Además, las compras se hicieron de empresas que no tenían nada que ver con el rubro e incluso no estaban habilitadas para importación de productos.

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