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Un total de G. 560.592 millones de daño patrimonial fueron denunciados por la Contraloría General de la República (CGR) entre junio de 2019 y agosto de 2022. Así consta en una serie de documentos del ente de control a la que tuvo acceso ABC Color.
En total, el ente de control remitió 102 reportes de indicios de hechos punibles (RIHP) y denuncias penales al Ministerio Público en ese período de tiempo. Sin embargo, no hubo siquiera un solo condenado por haber metido la mano en los fondos públicos. Esto se desprende de las declaraciones del mismo contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, en entrevista con ABC días atrás.
Los millonarios montos
Solo entre junio y diciembre de 2019, la Contraloría remitió 3 denuncias penales y 13 reportes de indicios de hechos punibles. En medio año, la institución detectó posibles daños patrimoniales por más de G. 41.836 millones.
A lo largo de todo el 2020, elevó un total de 52 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público para su investigación pertinente por parte del Ministerio Público, por más de G. 374.965 millones.
En 2021 se elevaron dos reportes de indicios de hechos punibles por más de G. 34.873 millones.
Finalmente, hasta agosto de 2022 se habían elevado otros 25 reportes al Ministerio Público por más de G. 108.917 millones, monto que podía aumentar si se le suman las denuncias que se dieron en el último cuatrimestre del año pasado.
Asunción a la cabeza
Un total de 40 instituciones fueron alcanzadas por los reportes de indicios de hechos punibles de la CGR. Algunas llegaron a tener más de media docena de reportes en apenas tres años.
Si se toma en cuenta el daño patrimonial total detectado, la institución que domina el “ranking” de la corrupción es la Municipalidad de Asunción.
La comuna capitalina fue la institución en la que se detectó el mayor posible daño patrimonial. El ente de control detectó anomalías por más de G. 344.000 millones distribuidos en seis reportes, correspondientes a las administraciones de Mario Ferreiro (Avanza País) y Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Cartista)
Uno solo de esos informes fue por más de G. 176.000 millones. Otro de los reportes elevados fue por más de G. 127.000 millones.
En segundo lugar quedó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), empresa pública en la que la CGR detectó daños patrimoniales por más de G. 34.992 millones.
El tercer lugar sigue ligado a la Ande, es que completando el podio deshonroso se ubica la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, donde se detectó daño patrimonial por más de G. 34.873 millones.
En cuarto lugar quedó la Municipalidad de Salto del Guairá. Esta comuna tuvo un reporte por supuesto daño patrimonial de más de G. 30.000 millones, correspondiente a los años de administración del intendente anterior, Carlos Haiter (independiente).
El Instituto de Previsión Social (IPS) quedó en quinto lugar con reportes por daños que superan los G. 20.103 millones. Le sigue la Gobernación de San Pedro con daños por G. 18.024 millones.
El séptimo lugar es para la municipalidad de Jesús con daños por G. 15.877 millones. Este es un caso particularmente grave.
El exintendente de ese distrito de Itapúa, Hernán Schlender (ANR-cartista), quien en su momento llegó a ser salvado de una intervención gracias a un pacto político, habría lavado dinero proveniente del narcotráfico usando las cuentas que debían ser destinadas a recibir dinero de Fonacide.
Octavo lugar es para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), institución en la que se detectaron posibles daños patrimoniales por G. 8.644 millones.