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El pedido de interpelación que costaba de 16 preguntas, con la destitución de Víctor Sánchez Chamorro y la designación como nuevo viceministro de Transporte, de Óscar Stark, quedó sin efecto con la determinación del Ejecutivo, aunque para la promotora de la interpelación, en el caso del destituido incluso amerita un proceso penal.
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“Hoy el viceministro no tendría que ser interpelado, tendría que estar preso y tendrían que estar presos los de la Cetrapam (Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana) y todos los de transportistas que malversaron dinero público”, afirmó la diputada Kattya González (PEN) hoy, antes de que se diera a conocer la destitución de Víctor Sánchez Chamorro.
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“Estamos hablando de G. 805.000 millones, de los cuales, este año, ya se han ejecutado US$ 9 millones y de este año vemos en los informes que han solicitado colectivos de personas, están validando subsidios sin que hayan pasajeros y eso es criminal”, remarcó González.
La diputada remarcó que estos nuevos indicios incluso de daño patrimonial al Estado, hacían que incluso para los colorados fuera difícil rechazar esta interpelación.
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González remarcó que era insostenible un “viceministro que reconoce que los datos proporcionados no eran ni auditados ni validados por el Estado, y que se reducían simplemente a la reproducción de las planillas que enviaba la Cetrapam”,
“Acá estamos hablando de malversación de subsidios, validada desde el viceministerio de Transporte”, afirmó González, que insistió en que la Fiscalía debe investigar el pago de subsidios que, como último pataleo e intento de aferrarse al cargo, Sánchez Chamorro fue a denunciar.
La misma enfatizó que a todo esto se suma que tanto autoridades como transportistas se confabulan en un “esquema que trata como basura a los usuarios del transporte público” y que los colorados no se animan a tomar medidas, porque “tan cómplice es el sistema, que no lo van a hacer, porque el 30 de abril esa gente lleva a su clientela política a votar”.