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La diputada Rocío Vallejo (PPQ), en su carácter de expresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales (a falta de la nueva integración), abogó por ratificar la versión diputados y rechazar las reformas introducidas en Cámara Alta, al ser riesgoso incluir sanciones penales bajo la figura de desacato.
La legisladora indicó que el castigo penal por la no contestación de pedidos de informes “se podría incluso ser utilizado para persecuciones políticas eventualmente, lo cual creemos no es el objetivo”.
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La misma mencionó que también hay que tener en cuenta que si bien hay muchas instituciones que no contestan los requerimientos, tampoco hay una unificación de pedidos por parte de la Cámara.
Comentó que incluso algunos de sus colegas usan los pedidos de informes como una forma de aumentar número de proyectos para alegar productividad. Finalmente se ratificaron en la versión que no impone castigos penales, pero definirá el Senado.