La diputada Johanna Ortega (PPS) indicó durante la sesión ordinaria de esta mañana que las designaciones que realiza Santiago Peña está violando alevosamente la Ley Nº 7089/2023 de Conflicto de Intereses y pidió una rápida reglamentación por parte de la Contraloría General de la República (CGR).
Citó por ejemplo a antiguos funcionarios del gabinete de Horacio Cartes que luego fueron a las empresas del grupo Cartes y ahora volverán al Estado de manos de Santiago Peña, a lo que llamó una “verdadera calesita”.
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“Carlos Fernández Valdovinos pasó de ser presidente del BCP, a director de Banco Basa y ahora al Ministerio de Hacienda; Diego Duarte renunció del directorio del BCP, luego fue al banco Regional de Horacio Cartes; Jorge Méndez fue titular de la INC, luego director de la cementera de Cartes y ahora al INC de nuevo; Eddie Jara fue presidente de Petropar, luego director en la empresa Enex del grupo Cartes y nuevamente en Petropar; así como Claudia Centurión que estuvo en el MOPC, luego fue a la empresa de construcción Jiménez Gaona & Lima (GGL) y ahora vuelve al MOPC”, dijo la diputada Johanna Ortega.
Indicó que este movimiento del sector privado al público y viceversa facilita el tráfico de influencias, la injerencia sobre leyes, en políticas públicas, en fallos judiciales y mucho más. Además se usa para premiar a funcionarios públicos leales que van a un solo grupo empresarial con cargos bien pagados en el sector privado.
“Es un premio para los funcionarios obedientes para hacer que todo el Estado se ajuste a sus intereses y sus empresas, para que un solo grupo empresarial se beneficie. Esto no es libertad de mercado como nos quieren hacer creer, esto es un alevoso monopolio para un patrón”, cuestionó Ortega.
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Mauricio Espínola critica la “calesita” que está haciendo Peña
Por su parte, el diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) agregó que esto no es una “doble vuelta, sino una calesita” con funcionarios que salen y retornan por lo cual indicó que la Ley anti puertas giratorias está plenamente justificada.
Agregó que está ley obliga a los designados por el presidente a presentar una declaración jurada de sus intereses económicos y financieros para que la ciudadanía pueda tener acceso al documento, además se tiene una sanción de hasta cinco años sin poder ocupar un cargo público si se comprueba que hayan facilitado datos a empresas donde anteriormente trabajaban o que si van a trabajar luego a las empresas que hayan regulado o controlado durante su gestión pública.
El colorado exigió también que la CGR debe reglamentar de manera urgente todos los procedimientos de esta ley.