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Con respecto al inmueble que no declaró, Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura, argumentó ante el director de Declaraciones Juradas, Rentas y Bienes de la Contraloría, Armindo Torres, que se enteró tarde de la existencia de un terreno que le compraron sus padres cuando era menor de edad.
Eso también se tuvo en cuenta para levantar esa observación, “porque la escritura pública tenía una cláusula en la que ellos tenían que aceptar el inmueble al cumplir la mayoría de edad, lo cual no sucedió, por eso ellos podían no saber la existencia de ese inmueble”, explicó Torres.
Según el funcionario de Contraloría, el Ministerio Público no tiene plazo fijo para investigar esta información.
Pudieron confirmar omisiones de Jorge Bogarín
El funcionario encargado de Declaraciones Juradas, Rentas e Intereses de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, dijo que ellos por su parte pudieron confirmar la mayoría de las omisiones que habían detectado. No obstante, reconoció que es cierto que el funcionario tiene correspondencia en su incremento patrimonial.
En cuanto al análisis de correspondencia que hicieron sobre las cuentas de Jorge Bogarín Alfonso, Armindo Torres indicó que se pudo demostrar que condice con sus ingreso.
Lo que se le cuestiona es que no declaró algunos bienes provistos por su madre.
Bienes se declaran aunque sean hereditarios
Torres recalcó que el funcionario público está obligado a declarar todos los activos y pasivos, independientemente del origen de ese dinero, sin importar que sea hereditario o no, pero tiene que declarar.
Enfatizó que ahora que ya fueron remitidos los datos a la Fiscalía, ya es competencia del Ministerio Público proseguir con la investigación o tomar las medidas.
Su explicación sobre el vehículo
Armindo Torres explicó que según se vio en el descargo de Jorge Bogarín, también manifestó que “por error involuntario se consignó contablemente la compra de un vehículo”. “El mismo rectificó ante la SET como documento público, y debemos hacer valer eso”, agregó.
Según Torres, el funcionario público Jorge Bogarín dijo que sí pagó impuesto por el mencionado vehículo y presentó documentación ante la Contraloría, con lo cual levantó la inconsistencia de un incremento patrimonial de G. 250 millones que tenía en la observación.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó recientemente una denuncia penal en contra de Jorge Bogarín Alfonso y su esposa, Karen Leticia González Orrego, por inconsistencias encontradas en sus declaraciones juradas.