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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, María Esther Roa, representante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, resaltó que el “copamiento” de la Fiscalía y el Poder Judicial en la jurisdicción de Villa Hayes por parte del clan Núñez facilita hechos de corrupción como la ocupación ilegal de tierras del Estado por parte de personas adineradas vinculadas a la política.
Roa se expresó en relación al proceso iniciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra el juez Daniel Gómez Rambado, una de las personas señaladas como ocupantes ilegales de una fracción de 131 hectáreas de un terreno denominado “Finca 916″, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.
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La Junta Municipal de Villa Hayes, entonces presidida por el actual diputado Rubén Roussillón (ANR), autorizó en 2015 la venta de un terreno en las tierras en controversia al juez Gómez Rambado.
Roa señaló que tanto Roussillón como el exintendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR), enfrentaron denuncias por corrupción en el pasado, pero que la fuerza del clan Núñez en esa zona del Chaco hace difícil que esas denuncias conduzcan a castigos.
“La regla de la impunidad”
Opinó que el caso del juez Gómez Rambado amerita, además del proceso en el Jurado de Enjuiciamiento, una investigación fiscal, aunque admitió considerar difícil que eso se produzca porque “el Ministerio Público siempre tira la pelota al campo del derecho civil y ahí se enfrían muy rápido las causas”.
“Es doloroso que un magistrado ocupe tierras del Estado cuando tiene la obligación de guardar una conducta decorosa y ética”, reflexionó la abogada. “Aquí hay delitos y capaz si hurgamos más vamos a hallar asociación criminal”, añadió.
Señaló que el caso de las ocupaciones en Villa Hayes es evidencia de que “en Paraguay la regla de la impunidad está vigente porque no se castiga la corrupción” y dijo que el Gobierno debe tener una reacción “inmediata y drástica”.
El escándalo de la “ocupación vip” de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional cobró relevancia ante la opinión pública la semana pasada, cuando el Senado aprobó un proyecto de ley impulsado por el senador Basilio Núñez (ANR), que planteaba desafectar las tierras en cuestión a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, presumiblemente para su transferencia a las personas que las ocupan ilegalmente.
El presidente Santiago Peña se vio obligado a anunciar que vetará el proyecto de ley.