Diputados ya gastó en seguro médico G. 191.576 millones en más de una década

Ignorando el escándalo de ubicación de familiares de legisladores de todos los colores en el Poder Legislativo, el pasado 29 de diciembre de 2023 el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) adjudicó a la empresa Asismed S.A. un contrato de seguro médico privado para funcionarios de la Cámara por G. 15.289.800.000 para el periodo 2024-2025.

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La cifra de por sí es escandalosa sobre todo ahora que se vuelven a tener hospitales públicos abarrotados por casos de dengue y covid-19, pero es peor aún, porque el contrato beneficiará a varios de los hijos, esposas y otros parientes de diputados que fueron ubicados en la Cámara Baja por presunto nepotismo.

Lo peor es que el contribuyente, que debe pelear por ser atendido en hospitales públicos, viene sosteniendo este beneficio de seguro privado para funcionarios de la Cámara Baja al menos desde 2011, según registros oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

El gasto además fue en ascenso, aunque el pico más alto llegó antes de la pandemia, que obligó a regular un poco el escandaloso gasto, tomando decisiones como, por ejemplo, el de excluir a los diputados de la cobertura.

De pagar G. 5.412.684.000 en 2011, ahora el costo del servicio es de G. 15.289.800.000, casi el triple que en un inicio, aunque el pico más alto fue en el periodo 2018-2019, donde se adjudicó por un total de G. 21.808.800.000.

En total, desde 2011 hasta el 2025 que ya fue adjudicado, la Cámara Baja gastó en seguro médico para sus funcionarios unos G. 191.576.296.660, lo que representa un 2,2% de todo el presupuesto que tiene este año el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Si bien ese 2,2% puede parecer “poco”, hay que tener en cuenta que los G. 8.826.804.930.089 que se presupuestó para este año para el Ministerio de Salud, debe ser utilizado para asistir a los 6.109.644 compatriotas (población total según datos del Instituto Nacional de Estadística), mientras que el seguro médico de Diputados cubre a apenas 1.499 funcionarios.

A esto hay que sumarle que sobre todo los hijos de políticos que ingresaron recientemente a la Cámara Baja como permanentes, cobran millonarios salarios con dudosos méritos.

Por ejemplo, la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, HC), Montserrat Alliana Encina, a sus apenas 25 años cobra mensualmente en concepto de salario y otros beneficios G. 18.274.300, alegando ocupar un “cargo de confianza”.

Siguen retaceando información

La Cámara de Diputados sigue dilatando al máximo la provisión de información pública referente a caso de hijos de políticos ubicados en la Cámara Baja.

Si bien la Ley Nº 5282 de Acceso a Información Pública establece un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar la información requerida, según indica el artículo 16 de la mencionada norma, no existe impedimento para hacerlo antes, sobre todo en estos caso que se requirieron datos básicos.

A raíz de los escandalosos casos de presunto nepotismo, ABC al igual que otros medios habían recurrido a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja por información, pero tanto durante la gestión del exdirector interino, Ricardo Vaesken Ferrer como del actual, Máximo Medina Coronel, en detrimento a la transparencia en la gestión pública, se negaron a proveer los datos.

Con base en esto, se recurrió a la Ley 5282, a fin de tener por una parte el legajo completo, así como el registro de asistencia de Alejandro Ovelar Ayala, ahora exfuncionario de Diputados e hijo del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar y de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Alliana.