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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se refirió a la controversia generada luego de declaraciones del ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, quien acusó de inacción al fiscal a cargo de la investigación de las “ocupaciones VIP” de tierras públicas en Villa Hayes, Diego Arzamendia, y decidió someter a análisis el caso para un eventual enjuiciamiento al agente del Ministerio Público.
En una nota presentada esta semana, en su calidad de miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el ministro Garay Zuccolillo cuestionó que, más de cuatro meses después de que se dieran a conocer los casos de presunta ocupación ilegal de la Finca 916 del Ministerio de Defensa, el fiscal Arzamendia aún no haya formulado imputaciones.
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En reacción, el fiscal general Rolón alegó que la postura del ministro Garay Zuccolillo constituye una forma de presión sobre el fiscal Arzamendia.
Al respecto, el fiscal general dijo hoy que “hay que fijar los límites del ejercicio fragmentario del poder que se divide entre todos los que lo ejercen, con atribuciones regladas muy importantes”.
“No se puede atentar contra la independencia de la Fiscalía”
Señaló que la Fiscalía, como ente autónomo y autárquico, tiene la potestad de investigar hechos con el plazo de prescripción como único constreñimiento de tiempo.
Consideró “impropio” que se cuestione a un fiscal por no formular imputaciones cuatro meses después de dar inicio a la investigación de un “caso complejo”.
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“Yo no cuestiono la actitud como Corte Suprema (...), sino (la de Garay Zuccolillo) como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, agregó. “No se puede atentar contra la independencia de la Fiscalía, tenemos autonomía y autarquía para ejercer la acción pública”, subrayó.
“Me parece impropio instalar una perspectiva de enjuiciamiento cuando el caso todavía ni se imputó. Tenemos que respetar los límites de atribuciones de cada institución, así construimos república”, insistió.
Ocupación VIP
En junio de 2022, los entonces diputados Basilio Núñez y Edwin Reimer, ambos cartistas, presentaron una propuesta de expropiación de desafectación de las tierras públicas de la Finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa, por pedido de familias que ocupaban irregularmente una longitud aproximada de 1,5 kilómetros a lo largo del río Paraguay.
En septiembre de 2023, las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA) denunciaron el despojo perpetrado en virtud de una ley, sancionada “automáticamente”, que declara de interés social y desafecta del dominio privado del Ministerio de Defensa Nacional, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, parte de la Finca 916, ubicada en ese distrito, para su posterior venta a sus actuales ocupantes, entre los que figuraban políticos y empresarios.
En octubre de 2023, el Ministerio de Defensa anunció que estaba buscando con la Procuraduría General de la República una estrategia para recuperar la fracción de 131 hectáreas, que incluiría un eventual pedido de desalojo de los intrusos.
Sobre el caso, el fiscal general Rolón reiteró su postura de que la presunta ocupación ilegal de esas tierras no puede considerarse “invasión” porque para que se aplique ese concepto debe haber “inmediatez, violencia y clandestinidad”, mientras que en el caso de la Finca 916 “estamos hablando de un tema posesorio de más de 20 años, nos guste o no nos guste”.
La denuncia contra Orlando Arévalo
El fiscal general se refirió también al pedido de desestimación de la denuncia por supuesta producción y uso de documentos de contenido falso presentada contra el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, realizado por la fiscala Patricia Sánchez, al que se opuso el juez de Garantías Miguel Palacios pero que fue ratificado por la fiscala adjunta Patricia Rivarola, ante lo que el magistrado se vio obligado a hacer lugar al pedido.
El fiscal general dijo que el título de Arévalo “existe”, al igual que los certificados de estudio, e indicó que “hay testigos que lo avalan”.
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“Hay planteamientos que deberían hacerse a las jurisdicciones, el tema de la invalidez o falsedad de un documento es un tema civil”, dijo. “Por de pronto, estoy obligado a reconocer la validez de un documento con todos los visos registrales”, agregó.
Señaló que “es un tema que todavía no se definió” y que “al definirse vamos a ver si hay aristas que deben ser investigadas”.
Además, habló del caso de un asistente fiscal y un abogado detenidos en Villa Hayes por supuestamente solicitar coimas para facilitar una salida procesal en un caso de supuesta violencia familiar.
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Admitió que aún existen “muchas dificultades” en el control anticorrupción sobre un “ente demasiado complejo” en que “las costumbres de antaño persisten” a pesar de que, según afirma, se están tomando medidas para enfrentar la corrupción.