Blanqueo de JEM a fiscala: esperaron hasta el último día para evitar que decisión sea recurrida ante la Corte

El abogado Guillermo Ferreiro, defensor del exintendente de Asunción Mario Ferreiro, aseguró que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) se cuidó de esperar hasta el último día para evitar que el blanqueo a la fiscala Stella Mary Cano sea recurrido ante la Corte Suprema de Justicia.

El senador Mario Varela, el diputado Orlando Arévalo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, el senador Derlis Maidana y el ministro Manuel Ramírez Candia, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
El senador Mario Varela, el diputado Orlando Arévalo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, el senador Derlis Maidana y el ministro Manuel Ramírez Candia, miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).Gentileza

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El salvataje registrado ayer por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la fiscala Stella Mary Cano, denunciada por supuesto prevaricato en la causa armada contra el exintendente de Asunción Mario Ferreiro, no será recurrido ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró el abogado Guillermo Ferreiro.

El representante del exintendente señaló que, pese a que considera que la acción de inconstitucionalidad correspondería a la encausada, en caso de intentarlo, solamente serviría para dejar impune a la fiscala Cano.

“En el Jurado se tomaron la precaución de dilatar la causa y dictar sentencia el último día antes de la prescripción. Si yo recurro a la Corte y me anulan la sentencia dictada ayer, y reenvía la causa para que vuelva a dictar sentencia, estaría prescrita y quedaría siquiera sin el apercibimiento”, indicó el abogado.

“Estamos atados de pies y manos, ya no tiene recursos viables”, agregó.

La fiscala Stella Mary Cano, salvada por el JEM y su abogado defensor Juan Carlos Mendonca, en el JEM.
La fiscala Stella Mary Cano, salvada por el JEM y su abogado defensor Juan Carlos Mendonca, en el JEM.

Fiscalía nunca investigó conversaciones de Camilo Soares

Ferreiro se refirió además a las conversaciones extraídas judicialmente del teléfono de Camilo Soares, denunciante de la causa conocida como “asado de fin de semana”, de la que finalmente el exintendente quedó absuelto, y aseguró que la Fiscalía no investigó jamás los potenciales hechos punibles que están contenidos en ellas.

En particular, se expresó acerca de las conversaciones entre Soares y un número registrado en su teléfono como perteneciente al expresidente Horacio Cartes, en las que el exministro le pide a Cartes el salvataje de la fiscala Cano (consumado ayer) y de la también fiscala Esmilda Álvarez, asegurando que eso está en poder del Ministerio Público.

“Si la Fiscalía quiere puede averiguar a nombre de quién estaba inscrito ese teléfono y quién lo utilizaba. Hay datos para dar seguimiento, pero nadie investiga nada. Silvia Sapriza sigue en la fiscalía, nunca fue molestada ni llamada a declarar”, señaló.

El abogado contó que ninguno de los demás involucrados en el “armado” de la causa fue llamado, entre los que citó a “Daniel Centurión, Samaniego y Soares”.

Conversación extraída del expediente judicial en la que Camilo Soares conversa con alguien registrado en su teléfono como Horacio Cartes.
Conversación extraída del expediente judicial en la que Camilo Soares conversa con alguien registrado en su teléfono como Horacio Cartes.

Accionarán contra el Estado paraguayo

Ferreiro añadió que, ante este panorama, uno de los caminos posibles es accionar judicialmente para resarcir el daño cometido contra Mario Ferreiro, a quien el proceso empujó a la renuncia al cargo de intendente, elegido por voto popular.

El otro es “seguir insistiendo y empujando la causa penal, porque acá hay delitos que tienen que ser investigados y no todos prescribieron todavía”, dijo, añadiendo que esta se encuentra “cajoneada por Emiliano Rolón Fernández. Nosotros vamos a insistir para que, algún día, algún fiscal diga: ‘Acá tengo elementos por lo menos para llamar a una declaración indagatoria’”.

En el ámbito civil, aseguró que “muy pronto vamos a presentar, no una, sino siete demandas por daños y perjuicios contra el Estado paraguayo”.

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