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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, remitió la semana pasada una nota dirigida a la senadora colorada Lilian Samaniego, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, en la que responde con negativa al pedido de remisión de la carpeta de investigación íntegra sobre la causa que enfrentan Mario Abdo Benítez y sus exfuncionarios por denuncia de Horacio Cartes.
La FGE reconoce las facultades constitucionales del Congreso de solicitar informes, pero menciona que ello procede en la medida que no lesione garantías establecidas por la Carta Magna.
El Ministerio Público alega “limitaciones constitucionales y legales” que se establecen en el artículo 322 del Código Penal Paraguayo (CPP), en consonancia con el artículo 17, inciso 10º, de la Constitución Nacional (CN), por lo que solo remitió copia del acta de imputación.
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“Las informaciones contenidas en el marco de una investigación penal, cuando se encuentra en la etapa preparatoria, están resguardadas, lo que limita la facultad del Ministerio Público para facilitar la copia íntegra y autenticada del cuaderno de investigación fiscal”, señala el documento.
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Pedido de desafuero de Abdo Benítez
También la FGE argumenta que debe resguardar el estado de inocencia que es presunción constitucional absoluta, vigente hasta una sentencia condenatoria firme, conforme establece la CN y el CPP.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta había solicitado la carpeta fiscal, en el marco del pedido de desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio. El expresidente se encuentra imputado por supuesta filtración de datos sobre Cartes.