El senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) y la diputada capitalina Johanna Ortega (Partido País Solidario), alertaron ayer sobre al menos dos hechos muy graves en torno a la gestión de fondos de los bonos por G. 500.000 millones del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez.
Mientas la inversión en obras bajó, durante su gestión la deuda se triplicó y los asuncenos tendrán que pagar hasta 2035, y que no cuadraría supuesto pago a dos constructoras en enero, pese a que las cuentas con dinero de bonos fueron prácticamente “vaciadas” en diciembre.
La diputada Ortega señaló que en base al extracto de diciembre del 2023 de la cuenta específica de los bonos G8 (obras) de la comuna asuncena en Banco BASA, se observan ese mes dos acreditaciones de G. 180.000 millones c/u y varias operaciones de débito.
Llamativamente en fecha de pago a los funcionarios, en el extracto consta que al 27 de diciembre el saldo disponible en la cuesta es de apenas G. 48.702.000 (según balance al 31/12/2023), sin que se aclare el destino de este dinero que debían ser destinado exclusivamente a pagar obras para los cuales se solicitaron los bonos.
“De los G. 360.000 millones de los bonos G8, solamente quedaban (a diciembre del 2023) G. 48 millones en esa cuenta (...) y solamente una licitación (para 2 de los 8 contratos) había sido llevada a cabo”, refirió.
Ortega finalmente mencionó que según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP), pese a tener la cuenta “vacía”, la comuna desembolsó el 18 de enero de este año G. 27.234 millones en concepto de adelanto a los dos consorcios adjudicados para realizar las obras de desagüe pluvial del Mercado de Abasto.
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“Esas cuentas fueron vaciadas durante el mes de diciembre, coincidentemente en los periodos en los que tienen que pagar salarios y aguinaldos, y las fechas de órdenes de pago para estos dos consorcios son del 16 y 18 de enero (...). La pregunta es ¿de dónde sacaron el dinero para pagarles si en la cuenta del G8 solo quedaban G. 48 millones?”, cuestionó Ortega.
La misma se refirió a los adelantos pagados al Consorcio CCC-Tecsul, que tiene como representantes legales a Marcelo Piñeiro y Mauricio Cordero recibió G. 12.955 millones y Consorcio Pluvial Abasto, representado por Óscar Rubiani y Silvio Peña tuvo un adelanto de G. 14.278 millones.
Deuda de la Municipalidad de Asunción hasta 2035
“Lo más grave es que las obras no están, los recursos no están y la municipalidad ha llegado a un límite de endeudamiento impresionante, que hace que sea muy difícil imaginar que se puedan cumplir con los objetivos que este que están trazados”, afirmó Fillizola.
El senador remarcó que en la gestión de Nenecho bajaron inversión y obras y se disparó la deuda. “En 2019 teníamos una deuda de alrededor de G. 200.000 millones y una inversión de G. 65.000 millones. Ahora tenemos al 2022 una deuda en Asunción de G. 810.000 millones y una inversión de nada más que G. 51.000 millones”, dijo.
Ante esto, Ortega alertó: “Los asuncenos/as estamos endeudados hasta 2035 con los bonos emitidos durante la administración municipal de “Nenecho” Rodríguez”.
“Desconfianza” hacia Nenecho cuesta más caro
Otra cosa que destacó la diputada Johanna Ortega (PPS) es que a los asuncenos la cuestionada gestión del cartista Óscar Rodríguez les cuesta más caro.
“Nosotros como contribuyentes de Asunción pagamos 17% de interés en la emisión de esos bonos, mientras que el Gobierno Central lo hace solo al 7%”, enfatizó.
“¿Cuál es la diferencia? Nadie cree en la administración de Nenecho Rodríguez”, apuntó finalmente la diputada.
Labor de Contraloría, clave para intervención a Comuna de Asunción
El intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez sigue manteniendo una cómoda mayoría “cómplice” en la Junta Municipal, que pese a las graves sospechas sobre su gestión, de momento le da tranquilidad ante una eventual intervención. Sin embargo, un dictamen de la Contraloría podría dar motivos para replantear esta situación.
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El artículo 165 de la y la ley reglamentaria Nº 317/1997 establecen el procedimiento para la “intervención” de municipios y gobernaciones, pero tienen ligeras diferencias.
“Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: 1. a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta; (...) 3. por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República”, señala la Constitución.
La ley en su artículo 2º, también faculta a la intervención ante hechos de grave irregularidad “que fueran detectados directamente por la Contraloría General de la República, con dictamen y a solicitud de ésta”.